La medida se adopta luego de que no hubiera conciliación entre las partes comprometidas en la acción popular por la compra en donde se construirá la nueva sede del Hospital Departamental de Villavicencio y la Orinoquia.
Superada la Audiencia de Pacto de Cumplimiento y que es requisito procedimental exigido por el artículo 27 de la ley 472 de 1998 de Acciones Populares, pero que no tuvo conciliación entre el ex Gobernador del Meta, Darío Vásquez Sánchez y el abogado demandante, William Ancizar Romero Sandoval, por la adquisición de un predio en el sector kirpas para la construcción del nuevo Hospital, el proceso avanza hacia la etapa de práctica de pruebas.
En esta tendrán que evacuar testimonios y documentos que demuestren si realmente existió alguna irregularidad de orden administrativo con alcance penal, o si realmente las actuaciones se han dado dentro del marco legal como lo dijo el abogado apoderado del ex Gobernador, Jesús Albeiro Yepes.
La Acción Popular que hace tránsito en el Juzgado Cuarto Administrativo del circuito de Villavicencio está coadyuvada por la familia Ospina Noak, quienes están reclamando de manera legítima dentro de una sucesión esos terrenos por tratarse de una herencia que dejó el difunto, Nelson Ospina, padre de los reclamantes.
Sostiene el demandante, Romero Sandoval, que el predio en mención está ubicado en una zona susceptible de inundación y agrega que de 60 millones de pesos que costaba la hectárea, pasó a valer 360 millones cada una.
Sostiene que ha beneficio al vendedor del predio construyó un Dique perimetral que costó casi 11 mil millones de pesos con recursos de la Gobernación.
Refiere a varias obras de urbanismos y vías que construyeron pasando por encima del Plan de Ordenamiento Territorial y que todo debe llevar implícito una plusvalía para que no le cueste al Departamento dado que el predio se valoriza pero no le tributa nada al municipio favoreciendo al vendedor, Iván Alberto Pérez Gómez, y a quien le adjudicaron el contrato para la construcción del Hospital.
Casi dos años de vencido el termino para entregar la obra es que la Curaduría Urbana Segunda otorga la licencia pasando por encima de una medida cautelar que expidió el mismo Juzgado.
Otra irregularidad es que el contrato de obra que se dio por 40 mil millones de pesos ya no es para la totalidad, si no para una etapa y que se requieren de otros 120 millones de pesos más para la culminación.
Agrega que para autorizar los diseños tenía que a ver un concepto del Ministerio de la protección social dada a la resolución que establece las características específicas que debe llevar una entidad de esa naturaleza y no hay concepto.