Después de intensas sesiones, la Comisión Primera de Cámara aplazó la discusión sobre esta iniciativa anticorrupción, punto uno de la Consulta del pasado 26 de agosto.
“Se generó una discusión jurídica en torno a los impedimentos; el proyecto tiene un efecto directo sobre los congresistas, pero vamos a convocar nuevamente a la mesa técnica para presentar el proyecto el año entrante”, indicó la ministra Gutiérrez.
El Gobierno recibió duras críticas de la oposición, que cuestionó la actitud de la ministra de Interior al permitir la radicación de un proyecto sin futuro.
"Por qué permite usted ministra y el Gobierno del presidente Duque crear una situación de mayor deslegitimación para el Congreso ", dijo Angela María Robledo.
Juanita Goebertus, de Alianza Verde, insistió en que la discusión era innecesaria porque el proyecto había muerto desde el momento en que se atrasó la radicación de su ponencia.
“Es evidente que, por sustracción de materia, no hay con quién votar. El proyecto ya no tiene tiempos. Seguramente volverá a estar en el orden del día, pero no se aprobará (…) El Congreso queda muy mal. Tenemos una imagen favorable del 76 % y lo mínimo que debemos hacer es responde a las demandas ciudadanas, cuando la mitad de la población gana menos de un salario mínimo. Es una mala noticia para la legitimidad del Congreso”, dijo la congresista.
El congresista de Centro Democrático Edward Rodríguez llevó un concepto jurídico a la sesión constatando que están impedidos para votar esta iniciativa.
“Si ese acto legislativo contemplara que la decisión afecta a los funcionarios a partir de 2022, no habría problema. Pero hoy afecta a los que están en el Congreso y cualquier congresista podría demandar", indicó Rodríguez.
La ministra de Interior anunció que el Gobierno radicará el mensaje de urgencia a las demás iniciativas anticorrupción la próxima semana.