Este martes el alcalde anunció la implementación de la Fuerza Pública para restablecer el servicio de buses en Villavicencio.
El gremio del Transporte Público Colectivo (TPC) de Villavicencio completó siete días en paro, lo que afectado la movilidad de un sinnúmero de usuarios en la capital del Meta.
Y la situación para las miles de personas que utilizar este servicio podría empeorar si los transportadores y el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, no llegan a un acuerdo.
Y es que la situación es compleja, porque hay varias denuncias de por medio por parte del gremio del TPC.
Según Víctor Moreno, representante legal de las empresas que están en paro, la prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros urbano que se realiza en Villavicencio se está llevando a cabo de manera irregular y sin cumplir con las normativas correspondientes.
“Es importante destacar que diversas empresas están brindando este servicio sin tener las rutas, horarios y frecuencias debidamente adjudicadas. Adicionalmente, nos preocupa que se esté incurriendo en la comisión del delito de prevaricato, ya que no se está cumpliendo con el artículo 20 de la ley 336/1996”, indicó Víctor Moreno.
Así mismo, el representante legal aseguró que “no se han expedido los permisos especiales y transitorios que deberían regular esta clase de situaciones excepcionales. También se está incumpliendo el decreto 170 de 2001, ya que no se ha realizado una licitación pública adecuada. Además, resulta lamentable que la administración municipal no cumpla ni siquiera con sus propios decretos municipales (Decreto 409 de 2023)”.
Moreno también señaló que las empresas que brindan el servicio de transporte de pasajeros de manera irregular son: Cootrasmeta, Taxmeta, Ejecutivo Del Llano, Asprovespulmeta, Centauros, Nueva Urbana De Los Llanos y Transportes Arimena S.A.
Según Víctor Moreno, estas empresas “no son propietarias de la mayoría de los vehículos colectivos que operan en la ciudad de Villavicencio. En realidad, actúan como intermediarias entre la alcaldía y los dueños de los vehículos, encargándose de gestionar las solicitudes para obtener la autorización y así poder ofrecer el servicio de transporte de pasajeros desde un punto Y hasta un punto X. A cambio de este servicio, actualmente cobran una tarifa mensual aproximada de $700.000 pesos a los propietarios, para permitirles trabajar en estas rutas. Es decir, las empresas son un ente recaudador de dinero”.
A estas denuncias se suman las peticiones de las empresas en paro, que piden a la administración local que que se expida un nuevo decreto municipal de TPC que respete la tabla de precios de compra y venta de vehículos establecida en el decreto municipal 350 de 2023 de SETP, que advierten, será revocado pronto por el mandatario local.
También que expida los permisos especiales y transitorios que autorizan la operación de las otras 5 empresas habilitadas en Villavicencio, con las que se garantizaría que la prestación del servicio la realicen otras nuevas empresas.
Que se emita un acto administrativo que exprese, autorice y faculte a los propietarios en la implementación del sistema de control de flota y recaudo unificado.
Que saque nuevos contratos de vinculación entre los propietarios y las empresas, con lo que se debe estandarizar la tarifa mensual de ciento cincuenta mil pesos (150.000) por concepto de rodamiento y que este nuevo contrato sea igual para todas las empresas.
Además, se requiere que el pago de los aportes correspondientes a la seguridad social y prestaciones sea el establecido por la ley y no otro valor diferente
Y finalmente que se expida documento oficial por parte de la administración municipal en el cual se asegurará que no habrá represalias contra ningún propietario, conductor o vehículo que haya participado en la suspensión de actividades.
Ante este paro y las denuncias presentadas, el secretario de Movilidad de Villavicencio, Rodolfo López, indicó que “
Por su parte el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, explicó que implementar un sistema estratégico de transporte público en Villavicencio, iniciativa proyectada el año pasado no es viable en esta capital, ni económica ni financieramente.
Según Baquero, mediante el Decreto 350 de 2023, el alcalde del momento firmó la sustitución del parque automotor del Transporte Público Colectivo (TPC) para adoptar un Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) que nunca estuvo financiado.
Dicho acto administrativo, valora vehículos antiguos en sumas de dinero con las que no cuenta el municipio. “Un bus que tiene 14 años de operación, según ellos, el valor del vehículo estará en 240 salarios mínimos, es decir, eso es más o menos 380 millones de pesos. Un bus de 2018, 365 salarios mínimos, es decir, más o menos 500 millones de pesos”, explicó el mandatario.
Agregó el alcalde que sostener esos precios es una de las exigencias que tiene el gremio del TPC para levantar las manifestaciones que han impedido la libre movilidad en los últimos días por la ciudad.
En ese sentido, señaló que implementar un SETP está por el orden de los 4 billones de pesos y el presupuesto anual de Villavicencio es de apenas 1,1 billones, de los cuales, solo 200.000 millones son para inversión y el resto corresponde a gastos de funcionamiento.