Obras críticas en Colombia ¿Qué pasa con la infraestructura?

La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre el estado de los proyectos de infraestructura en Colombia, señalando retrasos, sobrecostos y fallas en sectores clave como acueductos, vías rurales, puentes y sistemas de peajes. Estas problemáticas comprometen la calidad de vida de millones de ciudadanos y representan un riesgo para las finanzas públicas.

Desde abril de 2020, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría ha emitido 1.647 alertas, vinculando recursos por $71,8 billones. En 2024, las alertas se centraron en infraestructura vial (19,81%), vivienda (17,73%) y acueductos (13,50%), con fallas graves como avances físicos inferiores al programado y suspensiones prolongadas.

Uno de los programas más afectados es Caminos Comunitarios de la Paz Total, que busca mejorar 33.102 km de vías rurales en 26 departamentos. De los 2.157 contratos firmados, más de la mitad no han iniciado, mientras otros enfrentan retrasos de hasta un año. Boyacá, Atlántico y Bolívar presentan la mayor cantidad de obras suspendidas, afectando la conectividad rural y elevando costos.

En el sector de acueductos y alcantarillados, con una inversión de $10,9 billones, el 64% de los proyectos han requerido reformulaciones, extendiendo su finalización hasta cinco años. Algunos acueductos, como los de Acandí y Río Quito, están detenidos desde 2018. La DIARI identificó 173 proyectos críticos que ponen en riesgo $2,9 billones.

La situación es similar con los puentes, donde más de 200 estructuras están en estado crítico o extremo. A pesar de asignar $42 mil millones para intervenciones, los recursos solo cubren 10 puentes, dejando en riesgo a regiones como Antioquia y Magdalena. Además, el 30% de los puentes no cuentan con pólizas de seguro, aumentando su vulnerabilidad.

Finalmente, el Decreto 050 de 2023, que congeló tarifas de peajes, generó un déficit de $610.000 millones en 2023, proyectando un impacto mayor en 2024. La Contraloría advierte que esto podría derivar en la terminación de contratos de concesión, dejando obras inconclusas y una carga fiscal para el Estado.

La entidad insta al Gobierno Nacional a fortalecer la planeación, asignar recursos adecuados y ajustar las políticas tarifarias para evitar un colapso en la infraestructura del país.