El nuevo modelo de pasaportes en Colombia comenzó a operar bajo el gobierno de Gustavo Petro, marcando un cambio estructural en la producción del documento, que ahora estará en manos del Estado a través de la Imprenta Nacional, con apoyo internacional en la fase inicial.
Entre los principales cambios destacan mejoras en seguridad y diseño: la libreta contará con 32 páginas, hologramas con símbolos nacionales, marcas de agua, impresión especializada y elementos visibles con luz ultravioleta. Estas innovaciones buscan reducir riesgos de falsificación y fortalecer el control sobre la identidad de los ciudadanos.
En términos operativos, el proceso para los usuarios se mantiene prácticamente igual. Los pasaportes actuales siguen siendo válidos hasta su vencimiento, por lo que no es obligatorio renovarlos de inmediato. Además, ambos modelos coexistirán sin afectar la movilidad internacional.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de citas previas en Bogotá, lo que permite a los ciudadanos acudir directamente a las sedes para realizar el trámite. Esta medida busca reducir intermediarios, tiempos de espera y costos asociados a la tramitología.
Desde una perspectiva económica y de política pública, el Gobierno defiende este modelo como una apuesta por la soberanía de los datos y la eficiencia estatal. Sin embargo, el proceso ha estado rodeado de tensiones jurídicas y administrativas, reflejando el reto de reemplazar un esquema operado históricamente por privados.
En cuanto a costos, las tarifas se mantienen estables: $190.000 para el pasaporte ordinario, $323.000 para el ejecutivo y $192.000 para el de emergencia. También continúan los beneficios para población vulnerable y descuentos por participación electoral, lo que mantiene un enfoque de acceso equitativo al documento.
