Líderes religiosos en peligro por amenazas

La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales la implementación urgente de programas de protección para líderes religiosos amenazados en Colombia. Durante el primer semestre de 2024, la Defensoría verificó 21 denuncias de amenazas contra líderes religiosos en los departamentos de Córdoba, Chocó, Putumayo, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca, lo que resalta la necesidad de acciones inmediatas para salvaguardar su integridad y garantizar su derecho fundamental a la libertad religiosa.

Ante la derogación del beneficio del 'Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades' para estos líderes, la Defensoría considera inaplazable su reincorporación. El Defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina, subrayó que la vulneración de derechos por motivos religiosos es una preocupación creciente, lo que motivó la creación del ‘Grupo de Trabajo Interno de Libertad Religiosa y de Cultos’ en 2023. Este grupo busca articular esfuerzos para prevenir y monitorear violaciones de este derecho en Colombia.

En el marco del primer conversatorio interreligioso ‘Cultura de paz, convivencia y respeto a la libertad religiosa’, la Defensoría presentó la cartilla ‘Derecho fundamental de libertad religiosa y de cultos’, con el objetivo de promover y divulgar este derecho en todos los ámbitos sociales. Además, se realizaron diálogos en 13 departamentos con actores religiosos, comunidad educativa y funcionarios públicos para fortalecer la comprensión y el respeto por la libertad religiosa.

Las estadísticas del Dane reflejan el arraigo religioso en Colombia, con un 78.6% de la población identificándose como católica, mientras que otros grupos religiosos también tienen una presencia significativa. La Defensoría del Pueblo, a través de este llamado, busca asegurar que los derechos de estos líderes y sus comunidades sean protegidos, reiterando a las estructuras armadas ilegales la obligación de respetar la vocación religiosa bajo el derecho internacional humanitario (DIH).