Libre Magistrado del Meta acusado de recibir dinero a cambio de fallos

Un golpe sensible acaba de recibir uno de los casos de honor para la justicia. El único magistrado del Tribunal Superior del Meta que fue enviado a la cárcel después de destaparse el escándalo por supuesta corrupción para favorecer a exparamilitares y capos con decisiones judiciales fue dejado en libertad. 

Se trata de Alcibiades Vargas Bautista, quien responde en juicio ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de prevaricato por acción y por omisión. El alto tribunal lo juzga al lado de sus colegas Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, señalados de ser los protagonistas de su propio cartel de la toga en esta región del país. 

Este jueves, cuando la Fiscalía se disponía a prorrogar la medida de aseguramiento en los términos de la Ley que puso límites a la detención preventiva (Ley 1760 del 2015), el magistrado Juan Carlos Arias López negó esa posibilidad. Según la decisión, la norma es clara en señalar que la privación de la libertad no podrá exceder de un año salvo que se trate de "actos de corrupción de que trata Ley 1474 de 2011" (ley anticorrupción), caso en el cual podrá prorrogarse por otro año más. Según el magistrado, los delitos de prevaricato por los que responde en juicio Alcibíades Vargas, no hacen parte de los contemplados en la Ley Anticorrupción.

La Fiscalía apeló argumentando que los dos cargos contra Vargas están directamente relacionados con hechos que atentan contra la administración de justicia y que la Ley Anticorrupción habla de "actos" y no de "delitos". No obstante, el magistrado se sostuvo en su decisión e impuso la obligación para que Vargas se presente sin falta a los llamados de la justicia. 

Los tres magistrados fueron acusados como los presuntos responsables de recibir sobornos por más de 3.000 millones de pesos para favorecer a criminales con preacuerdos y detenciones domiciliarias. Dice la acusación en su contra que recibían pagos en efectivo, algunos de los cuales les fueron proporcionados en balnearios en donde tenían todo incluído: gastos de licores y la compañía de prostitutas en viajes durante los años 2012, 2013 y 2014.

El caso más sensible en contra de Vargas está relacionado con supuestos favorecimientos a Smith Bayardo Parra Rincón, alias Manopicha, quien habría logrado retrasar un proceso en contra suya y de su pareja, Marbely Jiménez, quienes fueron denunciados como los culpables del caso Autorrolings.

Ella, Marbely Jiménez, quedó viuda en el 2008, luego de que su esposo fuera el primero la primera víctima de varios crímenes: también murió su hijastro, el primo de su esposo y el abogado de la empresa Autorrolings, que tenía el manejo de centros de diagnóstico. Otro abogado de la empresa fue víctima de un atentado.

La justicia encontró que detrás de los crímenes estaba la banda de sicarios comandada por Smith Parra, alias Manopicha, con quien la viuda de Autorroling sostenía una relación sentimental. La conclusión de la justicia es que ella pretendía quedarse con el emporio construido por su familia. Sin embargo, solo se pudo probar la responsabilidad de esta pareja en la muerte del hijastro y el intento de homicidio contra el abogado. 

La decisión de condenarlos se tomó en enero del 2012. Sin embargo, vino acompañada del beneficio de detención domiciliaria en favor de Marbely Jiménez. Por un recurso que puso la víctima, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia terminó revocando en última instancia esta decisión. Al respecto, la Fiscalía precisa que una vez llegó el proceso de apelación a manos del magistrado Alcibíades Bautista en el año 2012, este "lo demoró voluntariamente" durante más de cinco años. 

Esta jugada habría tenido como propósito que al no quedar en firme la condena se propiciara una excarcelación de los sujetos por vencimiento de términos. Así sucedió el 6 de julio de 2017