Justicia Penal Militar: límites claros frente a derechos humanos

Amnistía Internacional publicó un informe que evidencia la intervención de la Justicia Penal Militar (JPM) en casos de posibles violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por miembros de la Fuerza Pública colombiana, pese a prohibiciones expresas en normas nacionales e internacionales.

La investigación, titulada ¿Insistir, persistir, resistir y nunca desistir?, señala que la actuación de la JPM impide el acceso efectivo a la justicia, vulnera los derechos de las víctimas y profundiza los efectos de la impunidad. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que “la intromisión de la Justicia Penal Militar en posibles violaciones de derechos humanos no es un error técnico: es un obstáculo estructural que contribuye a la impunidad”.

Según estándares internacionales, los jueces militares no deben juzgar a civiles ni investigar violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en Colombia la JPM sigue asumiendo casos de miembros de la Policía Nacional, un cuerpo definido como civil, generando contradicciones legales que solo podrían resolverse mediante una reforma constitucional.

El informe revisa casos históricos como las desapariciones forzadas de Luis Fernando Lalinde y Nydia Erika Bautista en los años 80, y analiza situaciones de manifestantes lesionados o fallecidos durante protestas en las últimas dos décadas. A pesar de la jurisprudencia y reformas legales, muchos de estos casos permanecen en la impunidad al ser dirigidos indebidamente a la JPM.

El análisis se basó en información de la Fiscalía General, la Justicia Penal Militar y la Corte Constitucional, incluyendo 398 conflictos de jurisdicción resueltos por la Corte entre febrero de 2021 y octubre de 2024. Amnistía Internacional concluye que la competencia de la JPM debe limitarse estrictamente a delitos cometidos por militares en servicio activo.