La orden judicial se refiere a publicaciones realizadas los días 2 y 4 de septiembre en la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram.
Un juez de Bogotá ordenó al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) retirar temporalmente de las redes sociales oficiales unas publicaciones en las que el mandatario aparece junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos durante operaciones militares.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá como medida cautelar dentro de una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio, quien cuestionó la difusión de las imágenes por una posible vulneración de derechos fundamentales, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
La orden judicial se refiere a publicaciones realizadas los días 2 y 4 de septiembre en la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram. Las imágenes estaban relacionadas con las operaciones militares Azarías, en Miraflores, Guaviare, y Centinela de la Patria, en Riohacha, La Guajira.
En una de las publicaciones, De la Espriella aparece caminando entre bolsas blancas que contienen cuerpos de personas abatidas durante operativos contra disidencias de las FARC. En otra, el mandatario muestra ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, tras un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El juez ordenó ocultar temporalmente las publicaciones mientras se determina de fondo si el contenido puede ser considerado violento o explícito y si su difusión vulnera derechos fundamentales.
La Presidencia y el mandatario cuentan con un plazo de dos días para ejercer su derecho a la defensa. Por esta razón, la medida cautelar no constituye todavía una decisión definitiva sobre la tutela.
El proceso también vinculó a Meta Platforms, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La decisión judicial se conoce después de que la Defensoría del Pueblo cuestionara públicamente la difusión de las imágenes. Su titular, Iris Marín, pidió al Gobierno evitar una escalada de demostraciones de violencia frente a los grupos armados.
La defensora sostuvo que el Estado no debe entrar en una competencia con las organizaciones ilegales para demostrar quién puede generar mayor miedo o humillar más al adversario, ni convertir la muerte en una demostración de poder.