Juez limita bombardeos del Gobierno
La medida es provisional y no constituye todavía una decisión definitiva sobre la legalidad de los bombardeos.
Un juzgado de Bogotá ordenó al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y al Ejército suspender los bombardeos contra grupos armados cuando exista información sobre la presencia de menores de edad en los lugares que serían atacados.
La decisión fue adoptada como medida provisional por la juez 34 de Familia de Bogotá, Viviana Arciniegas, dentro de una acción de tutela presentada en representación de niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados.
El fallo establece que las autoridades deberán suspender las operaciones aéreas ofensivas mientras se toma una decisión definitiva sobre la tutela y hasta que se implementen y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias.
La juez precisó que las operaciones solo podrán realizarse cuando, con base en la información disponible y los protocolos militares, se determine que no existe una alternativa menos lesiva para alcanzar el objetivo militar legítimo.
La decisión se conoce una semana después de que Medicina Legal confirmara que tres menores de 15 y 16 años murieron en un bombardeo del Ejército contra una disidencia de las FARC, ocurrido el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare. En total, diez cuerpos fueron recuperados tras esa operación.
El Gobierno ha defendido la legalidad del operativo y ha señalado que los menores hacían parte del grupo armado y, por ello, fueron considerados objetivos legítimos.
La orden judicial también obliga a la Presidencia, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Armada a adoptar medidas para garantizar la protección de los derechos de los menores.
La medida es provisional y no constituye todavía una decisión definitiva sobre la legalidad de los bombardeos. Sin embargo, su incumplimiento puede generar sanciones para los funcionarios responsables.
La controversia se produce en medio del incremento de las operaciones militares contra grupos armados y de las alertas por reclutamiento de menores. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y el 31 de julio de 2026 se conocieron 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia.