JEP lanza SOS internacional por recorte
La JEP considera que estas medidas podrían afectar su capacidad operativa y la seguridad de información relacionada con los procesos judiciales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lanzó un llamado de alerta a la comunidad internacional ante la propuesta de reducir en 100.000 millones de pesos, cerca de 31 millones de dólares, su presupuesto para 2027.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, pidió respaldo internacional para garantizar los recursos que, según el tribunal, son necesarios para mantener su funcionamiento y cumplir con las labores derivadas del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las entonces FARC.
La propuesta, respaldada por el Gobierno y presentada por el senador oficialista Enrique Gómez, plantea trasladar esos recursos de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura.
Según la jurisdicción, el recorte afectaría cerca del 62 % de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios. La JEP también advierte que ya enfrenta un déficit acumulado de aproximadamente 26 millones de dólares.
Entre los rubros que podrían verse comprometidos están los convenios de protección con la Unidad Nacional de Protección, destinados a víctimas, testigos, funcionarios e intervinientes, además de recursos para arrendamientos, servicios públicos, mantenimiento de sedes y sistemas tecnológicos.
La JEP considera que estas medidas podrían afectar su capacidad operativa y la seguridad de información relacionada con los procesos judiciales que adelanta.
La alerta se produce además mientras el Senado tramita una reforma constitucional que propone someter a revisión automática de la Justicia Penal Militar las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.
El tribunal considera que ambas iniciativas representan una presión sobre su funcionamiento y sus decisiones. Ante este escenario, anunció que pondrá la situación en conocimiento de organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, países garantes del acuerdo de paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.