Informes alertan sobre fallas en la Ley de Víctimas
Contraloría, Procuraduría y Defensoría advierten al Congreso sobre serios rezagos en la implementación de la Ley de Víctimas y recursos insuficientes.
La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han presentado ante el Congreso su undécimo informe de monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas, señalando preocupantes rezagos en su implementación. Según el informe, los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las más de nueve millones de víctimas registradas.
El informe destaca que, desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, solo se ha indemnizado al 14% de las víctimas objeto de indemnización. Se estima que se requieren $303,9 billones constantes de 2024 para cubrir todas las medidas de asistencia, atención y reparación integral entre 2024 y 2031. En particular, persiste un rezago significativo en la entrega de subsidios de vivienda urbana y rural para la población víctima, así como en la restitución de tierras, con demoras en la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y un alto congestionamiento en la etapa judicial.
Adicionalmente, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo ha señalado serias deficiencias en la atención humanitaria. En los últimos tres años, el número de eventos de confinamiento ha aumentado, afectando principalmente a los departamentos de Chocó, Nariño y Arauca. Estos territorios, junto a otros como Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca, requieren medidas de focalización para garantizar el acceso oportuno a las medidas de atención en el marco de las emergencias.
El informe también llama la atención sobre la baja tasa de ocupación formal para las víctimas y la persistencia de la pobreza extrema entre esta población, que pasó del 13,2% en 2019 al 21,2% en 2022. Además, se denuncia una baja participación de las víctimas en la oferta institucional para la generación de ingresos y una insuficiente inversión del Gobierno en comparación con las necesidades.
Finalmente, el informe subraya las barreras significativas en la protección de mujeres y personas LGBTIQ+, destacando la falta de programas efectivos y la necesidad de una aplicación más rigurosa del enfoque de género en las políticas de atención y reparación. La Comisión recomienda fortalecer el apoyo a las víctimas en la formulación de políticas públicas y mejorar las condiciones de los Centros Regionales de Atención a Víctimas para garantizar una atención más efectiva.