Informan cumplimiento medio de Compromiso Electoral

La Defensoría del Pueblo presentó el segundo informe de seguimiento al “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia”, una iniciativa orientada a fortalecer la calidad de la democracia y la protección de los derechos políticos, acompañada por la Conferencia Episcopal, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la MAPP OEA y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, con el apoyo de ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Misión de Observación Electoral.

El informe presenta los resultados del seguimiento a los nueve puntos del Compromiso, orientados a la protección de la vida, la adopción de una política de no violencia, la defensa de la democracia y de las instituciones, la promoción de un lenguaje constructivo, el posicionamiento de la información veraz, la visibilización del liderazgo juvenil y el respaldo a la protesta pacífica, de las 13 candidaturas presidenciales oficialmente inscritas.  El periodo del informe abarca desde el 16 de diciembre de 2025 hasta el 8 de abril de 2026. De estas candidaturas, siete han suscrito el Compromiso y seis no lo han hecho.

La metodología de seguimiento integró análisis cuantitativo y cualitativo de publicaciones en la red social X y noticias de medios nacionales y regionales. En total se capturaron 28.184 datos, correspondientes a 15.892 publicaciones y 12.292 noticias. Luego del proceso de filtrado y verificación, se consolidó una base de 318 hechos para el análisis final. 

Persisten desafíos frente al debate público De acuerdo con los resultados del monitoreo, el nivel general de cumplimiento o alineación con los puntos del Compromiso fue de 58,3%, correspondiente a un nivel medio. En el primer periodo de seguimiento, realizado entre julio y diciembre de 2025, el porcentaje general había sido de 70,9%.

Es importante señalar que, debido a la diferencia de periodo, cantidad de candidaturas y suscripciones, los informes no son comparables en sentido estricto; sin embargo, dan cuenta de la forma en que ha evolucionado el ambiente electoral general, en torno al cumplimiento o alineación con el Compromiso.  

El monitoreo identificó niveles altos de cumplimiento o alineación en temas como defensa de la democracia, respeto institucional y diálogo democrático. Cinco de los nueve puntos evaluados registraron resultados favorables: defensa de la primacía de la vida (79,9%), respeto por las instituciones y el ordenamiento jurídico (81,5%), defensa de la democracia (98,7%), acogida del diálogo como compromiso democrático (97,6%) y reconocimiento de la juventud (100%).

Los puntos relacionados con la adopción de una política de no violencia (33,3%), el lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización (14,1%), la difusión de información veraz (3,8%) y el respeto a las manifestaciones y protestas pacíficas (43,8%) presentaron niveles bajos o críticos de cumplimiento o alineación. El informe también señala diferencias entre las candidaturas que suscribieron el Compromiso y aquellas que no lo hicieron.

Mientras las candidaturas suscriptoras registraron un nivel general de cumplimiento del 86,4%, las no suscriptoras alcanzaron un nivel de alineación del 40,2%. Principales recomendaciones A partir de los hallazgos del seguimiento, la Defensoría del Pueblo destaca la importancia de que las candidaturas que han suscrito garanticen el cumplimiento efectivo del Compromiso, mediante acciones coherentes con sus principios. En el caso de aquellas que aún no lo han hecho, se les invita a suscribirlo como una expresión de voluntad de actuar para fortalecer el debate democrático.  

Además, se invita a las candidaturas a  promover el uso de lenguaje respetuoso, evitando la estigmatización y la descalificación personal; garantizar la verificación de la información difundida y abstenerse de realizar acusaciones sin respaldo; adoptar medidas concretas para prevenir y atender la violencia política, especialmente contra mujeres y poblaciones históricamente excluidas; y rechazar activamente el hostigamiento, incluyendo aquel que ocurre en el entorno digital, y fomentar una cultura de comunicación responsable.

Finalmente, para las instituciones del Estado se recomienda fortalecer la imparcialidad institucional y la confianza en las autoridades electorales; e impulsar estrategias de alfabetización digital para la ciudadanía que fortalezcan la identificación de desinformación.