Hacinamiento carcelario deja cifras críticas en Colombia

El hacinamiento en los centros de reclusión colombianos alcanzó el 28,6 % en septiembre de 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Esta sobrepoblación representa un aumento de 2,1 puntos frente al año anterior y pone de relieve las condiciones precarias que enfrentan miles de personas privadas de la libertad.

La situación es más dramática en los centros de detención transitoria, como estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde el hacinamiento llega al 142,5 %. Estos espacios, diseñados para albergar a 9.687 personas, actualmente mantienen a más de 20.800, duplicando con creces su capacidad.

El académico Samuel Escobar, director del Pregrado en Criminología de la Universidad del Rosario, señaló que incluso cárceles de mujeres presentan niveles críticos de sobrepoblación. En Bogotá, la tasa alcanza el 40,8 %, mientras que en el departamento del Cesar asciende al 140 %, reflejando que la crisis afecta sin distinción de género.

Escobar subrayó que el hacinamiento es apenas un síntoma de una problemática más profunda, que incluye vulneraciones sistemáticas a los derechos básicos de las personas privadas de la libertad, como el acceso a salud, alimentación y justicia. También cuestionó las respuestas históricas del Estado, basadas en la ampliación de cupos o en propuestas de privatización, medidas que han mostrado escasos resultados.

Para el experto, el incremento de penas tampoco previene el delito ni garantiza la resocialización. Por el contrario, el modelo punitivo vigente reproduce la exclusión social y empuja a algunos internos hacia carreras criminales. Escobar propuso avanzar hacia políticas restaurativas que prioricen la prevención, la educación y la reintegración social por encima del encierro masivo.

La crisis carcelaria, reiteró, es el reflejo de una política criminal centrada en la sanción y no en la prevención ni en la inclusión. Mientras tanto, más de 4.000 internos que no saben leer ni escribir permanecen al margen de programas de alfabetización, lo que evidencia que la deuda social con la población privada de la libertad se mantiene intacta.