Gobierno podría pagar $1 Billón por congelamiento de peajes
El congelamiento de tarifas de peajes podría costar al Gobierno Nacional $1 billón. La Contraloría alerta sobre ajustes urgentes.
La Contraloría General de la República advierte que el congelamiento de tarifas de peajes, establecido por el Decreto 050 de 2023, podría costarle al Gobierno Nacional hasta $1 billón. Esta cifra se desglosa en $610 mil millones para 2023 y un posible adicional de $410 mil millones para 2024 si no se autoriza el ajuste pendiente del 4.64%. La medida, que buscaba mitigar riesgos inflacionarios, no ha sido suficientemente justificada por el Gobierno, según el ente de control.
El impacto financiero del congelamiento afecta directamente a la ANI, que debe compensar a los 38 concesionarios viales por la falta de ingresos por peajes. Esta situación podría incluso provocar la terminación anticipada de algunos de los 11 contratos de concesión vial de iniciativa privada, que dependen exclusivamente del recaudo por peajes para recuperar su inversión. La Contraloría insta a las autoridades a implementar de inmediato las acciones necesarias para cumplir con los contratos y evitar mayores costos.
En paralelo, el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, también señala preocupaciones sobre el proyecto de restauración del Canal del Dique, valorado en $4.43 billones. La fecha de inicio de las obras, fijada para diciembre de 2024, podría enfrentarse a retrasos significativos y costos adicionales debido a nuevas exigencias regulatorias y consultas previas. La posibilidad de una terminación anticipada del contrato implicaría pagos de hasta $350 mil millones sin haber recibido las obras.
Asimismo, el contrato de concesión de Autopistas del Caribe, por un valor de $6.75 billones, sigue sin iniciar obras desde su fecha de inicio prevista en abril de 2023. Los problemas con las estaciones de peaje y la oposición de comunidades locales han generado compensaciones de aproximadamente $153 mil millones. Sin un acuerdo satisfactorio, el contrato podría enfrentarse a una terminación anticipada, requiriendo pagos adicionales de hasta $400 mil millones sin la entrega de las obras comprometidas.