El Ejecutivo activó el Estado de Emergencia para recaudar $16,3 billones tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento.
El Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el objetivo de enfrentar un déficit fiscal estimado en $16,3 billones, luego de que el Congreso hundiera la Ley de Financiamiento.
La medida, firmada por el presidente Gustavo Petro y todo su gabinete, habilita al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días calendario, incluyendo la creación o modificación de tributos y la adopción de operaciones presupuestales urgentes, conforme al artículo 215 de la Constitución.
Según el decreto, la decisión responde a una situación fiscal excepcional que afecta la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales. Entre los factores citados están el incumplimiento de ingresos tributarios proyectados, obligaciones judiciales pendientes, subsidios atrasados, desastres naturales por la ola invernal y restricciones de endeudamiento bajo la regla fiscal.
El Gobierno también argumentó la necesidad de atender compromisos como el ajuste de la UPC en salud ordenado por la Corte Constitucional, el deterioro del orden público y la protección de líderes sociales y candidatos en el contexto electoral, además de las limitaciones derivadas de la Ley de Garantías.
El decreto establece que, una vez finalice la emergencia, el Congreso deberá ser convocado para ejercer control político sobre las facultades extraordinarias utilizadas por el Ejecutivo. Asimismo, la medida pasará a revisión automática de la Corte Constitucional para evaluar su legalidad.
En los próximos días, el Gobierno anunciará los primeros decretos reglamentarios con los que buscará estabilizar las finanzas públicas y evitar una mayor extensión de los efectos de la crisis fiscal.