Según las cifras presentadas por el Gobierno, entre enero y julio de 2026 se registraron 1.220.142 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció la puesta en marcha de un plan de choque en salud para atender a más de un millón de pacientes que tienen pendientes medicamentos o procedimientos médicos.
La primera fase de la estrategia priorizará a personas con enfermedades o condiciones que representen un riesgo vital o una posible pérdida irreversible de la respuesta al tratamiento. Entre los pacientes priorizados están quienes padecen cáncer, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes y VIH, además de personas trasplantadas.
También serán atendidos de manera prioritaria los pacientes con alta probabilidad de hospitalización y las mujeres gestantes que requieran tratamientos esenciales durante el embarazo.
Al finalizar un consejo de ministros en Bogotá, el presidente De la Espriella aseguró que dio instrucciones para poner en marcha de inmediato la primera fase del plan, con el objetivo de identificar los casos pendientes y destrabar la atención.
Según las cifras presentadas por el Gobierno, entre enero y julio de 2026 se registraron 1.220.142 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, de los cuales el 92 % estuvo relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.
La estrategia tendrá cobertura en los 32 departamentos del país y contempla el seguimiento de más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y de más de 300.000 pacientes con procedimientos aplazados.
Las EPS deberán identificar y reportar los casos, establecer cuáles son los pacientes afectados y gestionar la atención correspondiente. El Gobierno realizará seguimiento entre septiembre y diciembre para verificar la resolución de cada caso.
El mandatario también advirtió que el plan no constituye un “cheque en blanco” para las EPS y aseguró que el Estado no reconocerá nuevamente servicios que ya hayan sido pagados.
El Gobierno explicó que la medida es extraordinaria y temporal, mientras que la responsabilidad permanente de garantizar la continuidad y oportunidad de la atención seguirá en cabeza de las EPS, bajo la vigilancia del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.