La Contraloría alertó sobre cuatro riesgos graves que amenazan la seguridad energética del país, instalando a medidas urgentes en el sector.
La Contraloría General de la República, a través de un informe sectorial, advirtió al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, sobre cuatro riesgos inminentes que podrían desencadenar un desabastecimiento energético en Colombia. Este llamado busca prevenir la pérdida de recursos públicos y proteger los intereses patrimoniales del país.
El primer riesgo identificado es una caída en los ingresos nacionales debido a la disminución de la producción y exportación de hidrocarburos y minerales. Este descenso afecta directamente las regalías y los impuestos, fundamentales para las finanzas públicas.
En segundo lugar, el organismo alertó sobre el impacto en los subsidios a servicios públicos. La posible necesidad de importar combustibles como gas y gasolina elevaría los costos, presionando el presupuesto estatal y comprometiendo el acceso a la energía para millones de colombianos.
Otro de los puntos críticos señalados es la falta de continuidad en los contratos de exploración y explotación de recursos naturales. Esto podría ahuyentar la inversión extranjera directa, reduciendo el PIB, debilitando la economía y afectando la estabilidad del peso frente al dólar.
Finalmente, el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, agravado por el aumento en los precios de importación, representa un desafío significativo. Este déficit ya supera los 100 billones de pesos y amenaza con desfinanciar aún más las arcas públicas.
La advertencia de la Contraloría resalta la urgencia de tomar medidas concretas para evitar un colapso energético. La falta de alternativas energéticas rentables no solo incrementaría la pobreza, sino que pondría en riesgo la calidad de vida de la población, que podría depender de opciones precarias como la leña.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra enfatizó que la seguridad energética es clave para la estabilidad económica del país, subrayando que los ingresos por hidrocarburos, que actualmente generan 9 billones de pesos anuales en regalías, son esenciales para las inversiones sociales. Sin acciones inmediatas, Colombia podría enfrentar un panorama energético crítico.