Más de 43.000 copropiedades aseguran bienes por $507 billones, pero expertos advierten vacíos en cobertura y riesgos mal gestionados.
En medio de decisiones clave en las asambleas de copropietarios, el aseguramiento de bienes comunes se ha convertido en un tema crítico que, aunque obligatorio, sigue siendo subestimado por miles de conjuntos residenciales en Colombia. Según cifras de Fasecolda, más de 43.000 copropiedades cumplen con esta exigencia, acumulando activos asegurados por más de $507 billones.
El volumen es significativo, pero no necesariamente tranquilizador. La concentración de estos seguros en ciudades como Bogotá (28%) y Medellín (19%) revela una alta exposición urbana, mientras otras regiones mantienen niveles más bajos de cobertura, lo que podría amplificar los efectos económicos ante eventos catastróficos como terremotos o incendios.
Desde el punto de vista técnico, el seguro de bienes comunes no solo protege zonas visibles, sino elementos estructurales críticos como columnas, fachadas, redes internas y sistemas de soporte. Sin embargo, el problema radica en que muchas copropiedades adquieren coberturas mínimas, dejando por fuera riesgos relevantes como daños por agua, explosiones o responsabilidad civil.
A esto se suma un error recurrente: asumir que el seguro reemplaza el mantenimiento. En términos económicos, esta confusión incrementa la vulnerabilidad del activo inmobiliario, ya que las pólizas están diseñadas para eventos súbitos, no para fallas derivadas del deterioro progresivo.
El resultado es un riesgo latente: mientras el valor asegurado crece, también lo hace la posibilidad de pérdidas no cubiertas. En un entorno de mayor incertidumbre climática y urbana, la pregunta ya no es si ocurrirá un evento adverso, sino qué tan preparadas están realmente las copropiedades para enfrentarlo.