EE.UU. restringe visas a funcionarios de Colombia

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes restricciones de visa contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, a quienes acusa de corrupción y de acciones que, según el Departamento de Estado, afectan a gobiernos elegidos democráticamente.

La medida contempla restricciones de entrada a Estados Unidos para varios funcionarios, exfuncionarios y particulares, así como para algunos de sus familiares directos.

En el caso de Colombia, el Departamento de Estado incluyó al empresario Euclides Antonio Torres y a Martha Isabel Peralta, senadora y presidenta del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), integrante de la coalición del Pacto Histórico.

Según el Gobierno estadounidense, las restricciones forman parte de medidas dirigidas contra personas a las que considera vinculadas con actos de corrupción o con actividades relacionadas con el narcotráfico en la región.

Bolivia concentra la mayor parte de las sanciones

Bolivia es el país con mayor número de ciudadanos incluidos en la lista divulgada por Washington. Entre ellos figuran el fiscal general Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.

También aparecen el fiscal superior Martín Daniel Irusta, la jueza Albania Chane Caballero, el fiscal titular de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el coronel de Policía Frans William Cabrera.

En el caso de Mariaca, Estados Unidos señaló que las restricciones responden a su presunta participación en casos de corrupción que el Departamento de Estado calificó como graves.

La Administración estadounidense sostuvo además que algunas de las personas sancionadas habrían utilizado actividades de corrupción o narcotráfico para afectar instituciones democráticas.

Reacción del Parlamento boliviano

La decisión provocó una respuesta inmediata en Bolivia. El Legislativo pidió a la Cancillería gestionar ante el Departamento de Estado información oficial sobre las acusaciones formuladas contra Mariaca y los demás ciudadanos incluidos en la medida.

El presidente del Senado, Diego Ávila, afirmó que los señalamientos requieren una respuesta institucional y solicitó conocer los documentos y antecedentes que sustentan las acusaciones estadounidenses.

“Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, manifestó Ávila.

El senador también consideró necesario que Mariaca se aparte temporalmente de sus funciones mientras se esclarecen las acusaciones, con el argumento de proteger la institucionalidad y la transparencia de las investigaciones.

Fiscal general rechaza las acusaciones

Mariaca rechazó los señalamientos y cuestionó la decisión de Washington. El fiscal general boliviano pidió respeto a la soberanía de su país y sostuvo que las medidas estadounidenses podrían buscar condicionar o interferir en el trabajo del Ministerio Público.

“No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando como fiscal general del Estado sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, afirmó.

Mariaca también relacionó la decisión estadounidense con investigaciones adelantadas por la Fiscalía boliviana y sostuvo que continuará ejerciendo sus funciones pese a las presiones que, según dijo, pueda enfrentar.

Estados Unidos, por su parte, cerró su comunicado con una advertencia a funcionarios considerados corruptos y a quienes, según su versión, protejan a organizaciones criminales.

La decisión abre además un nuevo frente diplomático entre Washington y varios gobiernos de América Latina, al involucrar a funcionarios en ejercicio, exfuncionarios y dirigentes políticos de distintos países.