Cerca de 357 toneladas del alimento de marcas venezolanas, pretendían ser re empacadas y comercializadas de forma ilegal.
En desarrollo de una nueva línea de investigación enmarcada en la estrategia de lucha frontal para combatir el contrabando de mercancías, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN y la Policía Nacional, a través de la acción operativa de la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, asestó otro golpe decisivo a las organizaciones especializadas en la importación ilegal de mercancía, esta vez, como resultado de un procedimiento realizado en tres departamentos del país e incluso en la capital colombiana.
El primer caso obedece a que hace pocos días y en perímetro rural de Barranquilla, la Policía Fiscal y Aduanera inmovilizó dos tracto camiones que en su interior transportaban de forma ilegal al menos 68 toneladas de arroz de procedencia venezolana ; el segundo caso se registra en las últimas horas gracias a las acciones de control adelantada por unidades adscritas a la División Riohacha de la Policía Fiscal y Aduanera, quienes acompañados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Departamento de Guajira y bajo orden judicial, procedieron al allanamiento de dos inmuebles ubicados en sector urbano del municipio de Fonseca y posterior inmovilización de un vehículo que transportaba en su interior tres toneladas más del grano.
Este último hallazgo fue producto de una investigación de inteligencia y labores de Policía Judicial, que permitieron ubicar dos predios en cuyo interior fueron hallados, además del alimento, elementos de industria artesanal para el re empaque de arroz.
Las autoridades aduaneras alarman a la comunidad, no sólo por el problema de salubridad que conlleva el consumo humano de estos alimentos empacados de forma ilegal y sin el mínimo de requisitos de sanidad para su posterior comercialización, sino también por la complicidad de molinos de arroz, que al amparo de su legalidad como empresas constituidas, facilitan el contrabando de arroz de procedencia venezolana para suplantarlo en Colombia como marcas nacionales, delito que además de ser tipificado como contrabando abierto, se constituye también en corrupción de alimentos.
Además de la gran cantidad de alimento aprehendido, mediante la acción operativa de la POLFA y la DIAN, que buscan proteger el sector agrícola del país, fueron incautados también: sacos de varias marcas extranjeras para el empaque de arroz, basculas, embudos artesanales, máquinas de coser, hilos industriales entre otros elementos para el ilícito.
De otro lado y culminando con este duro golpe a las acciones delictivas de contrabando de arroz en el país, las autoridades aduaneras aprehendieron gracias a una labor de inteligencia y control, una cifra de arroz cercana a las 244 toneladas del alimento, almacenadas en una bodega al sur de Bogotá, 33 de ellas, fueron aprehendidas justo al momento de su desembarque en un tractor camión procedente del departamento del Putumayo y a partir de su aprehensión, se siguió con la articulación de organismos del estado como : LA DIAN, LA POLICIA NACIONAL, EL ICA y EL INVIMA, con el fin de llevar acabo intervenciones a dos trilladoras aparentemente constituidas de forma legal en San Miguel Putumayo, sin embargo luego de casi una semana de inspecciones, se logró determinar por parte de esta intervención interinstitucional, que ambas trilladoras funcionaban como empresas fachada y no soportaban ni la producción ni la importación de arroz que sustentaban en sus documentos, por lo que se procedió a la gigantesca aprehensión del alimento en las bodegas de Soacha en Bogotá .
Cabe anotar que esta acción delictiva de contrabando y corrupción de alimentos con procedencia venezolana representa para quienes delinquen, una ganancia hasta del 700%, pues mientras una arroba de arroz en el país se comercializa entre 25 y 30 mil pesos, la misma arroba adquirida en el vecino país, está alrededor de 1.500 pesos.
En lo que va corrido del año la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera han aprendido por lo menos 1.151 toneladas de arroz por un valor comercial cercano a los 2.200 millones de pesos; dinero que de no haberse efectuado las acciones operativas pertinentes, habría dejado de percibir el sector agrícola del país.