Descubren financiación ilegal en Salud Total
Salud Total desvió $77.500 millones del sistema de salud para financiar a Audifarma. La Supersalud abre investigación.
La Superintendencia Nacional de Salud descubrió que la EPS Salud Total destinó $77.500 millones, que debían ser usados en la atención de salud, para financiar las operaciones del gestor farmacéutico Audifarma entre 2022 y marzo de 2024. Esta acción irregular fue detectada durante auditorías realizadas en abril y mayo de este año, lo que ha llevado a la apertura de una investigación administrativa.
Según la Supersalud, los fondos fueron registrados por Audifarma como un préstamo, del cual la EPS recibe intereses, una práctica que contraviene las normativas que estipulan que los recursos del Sistema General de Salud deben utilizarse exclusivamente para servicios de atención médica. El superintendente nacional de salud, Luis Carlos Leal, criticó duramente esta situación, destacando que estas acciones afectan directamente la calidad y disponibilidad de los medicamentos para los colombianos.
La investigación reveló que, aunque Audifarma intentó presentar estos recursos como un "anticipo" en sus documentos, otros comprobantes contables demostraron que realmente se trataba de un préstamo, destinado a mejorar el flujo de caja de la empresa. En total, Audifarma ha pagado a Salud Total $1.914 millones en intereses hasta marzo de 2024, ingresos que, según la Supersalud, no deben ser considerados de propiedad de la EPS, sino del Sistema General de Salud.
Ante estos hallazgos, la Supersalud ha trasladado el caso a la Superintendencia de Sociedades y ha iniciado una investigación exhaustiva sobre Salud Total, en busca de esclarecer la magnitud de las irregularidades. Por el momento, ni Salud Total ni Audifarma han emitido declaraciones oficiales respecto a las acusaciones.
Este caso pone en evidencia las falencias en la gestión de los recursos del sistema de salud en Colombia, y subraya la importancia de la vigilancia y control por parte de las entidades reguladoras para garantizar que los fondos destinados a la salud pública sean utilizados de manera correcta y transparente.