Defensoría rechaza paro armado anunciado por el ELN
La Defensoría del Pueblo reclamó al grupo armado al margen de la ley excluir del conflicto a la población civil.
En el documento, el grupo armado ilegal reconoce ataques contra los oleoductos Bicentenario y Caño Limón Coveñas, donde el fin de semana resultaron heridos 13 civiles por un atentado atribuido a esa organización.
Como una acción intimidatoria que amenaza los derechos fundamentales de los ciudadanos, calificó la Defensoría del Pueblo el anuncio de paro armado proferido por el Frente de Guerra Oriental del ELN, conocido este martes a través de un comunicado atribuido a esa estructura, y en el que se advierte sobre una parálisis total en las actividades productivas a partir de las 6 de la mañana del jueves 3 de Julio.
El documento, que pone en la mira a los sectores comercial, transportador y de movilidad en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Santander y Norte de Santander, lanza la sentencia de que esperan que “se acate la orden de paro para que no haya hechos que lamentar”.
Una vez más, como lo hizo este fin de semana tras el atentado que ocasionó heridas a 13 civiles en zona rural de Saravena, la Defensoría del Pueblo lamentó esta actitud del ELN y consideró que se trata de una grave infracción a los derechos humanos, puesto que se ponen en riesgo la vida e integridad de la población civil, y en este caso particular de la población productiva en el oriente colombiano.
A propósito del ataque con explosivos en la vereda Rancho Pilón del mencionado municipio, el comunicado conocido esta mañana reivindica la arremetida del Ejército de Liberación Nacional contra los oleoductos Bicentenario y Caño Limón Coveñas.
La Defensoría insistió en su llamado a las autoridades nacionales y territoriales para que se adopten las medidas tendientes a garantizar los derechos de la comunidad en estas regiones del país, a la vez que reiteró su preocupación por los episodios de violencia protagonizados por el ELN en medio de una fase exploratoria de conversaciones con el Gobierno Nacional.
Cabe recordar que este grupo armado ilegal también se atribuyó el atentado del pasado 20 de Junio contra el CAI Lourdes de la Policía Nacional en Bogotá, situación que derivó en heridas para dos uniformados y un ciudadano que se encontraba cerca de ese lugar.
La Defensoría del Pueblo enfatizó en su reclamo a los grupos en confrontación para que excluyan a la sociedad civil y respeten el Derecho Internacional Humanitario, en el entendido de que sostener conversaciones de paz en medio del conflicto no es argumento para desconocer esos principios fundamentales.