La Defensoría del Pueblo condena la masacre en López de Micay y demanda que se apliquen las recomendaciones de alertas para proteger a la población.
La Defensoría del Pueblo ha expresado su rechazo a la reciente masacre ocurrida en la vereda La Sagrada Familia, en López de Micay, donde murieron violentamente siete hombres y cinco mujeres, quienes eran trabajadoras sexuales. La entidad subraya la especial vulnerabilidad de estas mujeres, exacerbada por prejuicios de género y el contexto del conflicto armado.
En un comunicado emitido hoy, la Defensoría insta a los Gobiernos Nacional y Territorial a avanzar en la implementación de las recomendaciones de las alertas tempranas, específicamente la alerta 033 de 2020 y la 039 de 2023. Estas alertas han señalado los graves riesgos humanitarios y la violencia contra la mujer en la región, causada por disputas territoriales entre grupos armados organizados.
La Defensoría ha estado monitoreando de cerca la situación y participará en las instancias institucionales de respuesta. Se desarrollará una misión humanitaria en coordinación con autoridades locales y regionales para garantizar la protección de la población civil, con especial énfasis en las mujeres afectadas.
El organismo recuerda a los actores armados en la subregión del Naya que deben respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluyendo la distinción, proporcionalidad y precaución. Las partes en conflicto tienen la obligación de proteger a la población civil, independientemente de sus vínculos con los grupos armados.
La creciente violencia y la expansión del control territorial por parte de actores armados han generado una crisis humanitaria en la región. La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas inmediatas para evitar más pérdidas humanas y proteger a las comunidades vulnerables.
La Defensoría continúa comprometida en el monitoreo de la situación y en la colaboración con las autoridades para encontrar soluciones que pongan fin a la violencia y aseguren el respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos afectados.