La defensa del expresidente busca anular el fallo que lo halló culpable de soborno y fraude procesal en un caso de manipulación de testigos.
En el último día del plazo legal, la defensa de Álvaro Uribe Vélez presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación contra la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria y al pago de $3.444 millones por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El expresidente fue hallado culpable el pasado 1 de agosto por su participación en un esquema para manipular testigos en un proceso por presuntos vínculos con el paramilitarismo.
El abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, radicó un documento de 904 páginas en el que argumenta que el proceso estuvo marcado por “la transgresión de la garantía de imparcialidad judicial” desde que la jueza Sandra Liliana Heredia asumió el caso hasta la lectura del fallo, la cual, según alega, no cumplió con la debida publicidad. Granados pidió que se restituya la libertad del exmandatario mientras se resuelve la segunda instancia.
La sentencia de primera instancia concluyó que Uribe, a través de su entonces abogado Diego Cadena, ofreció beneficios económicos y jurídicos a exparamilitares recluidos en Cómbita, La Picota y cárceles de Estados Unidos, con el fin de que declararan a su favor e incriminaran al senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso.
Para la jueza Heredia, el expresidente actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus acciones, usando su posición de poder para influir en un proceso judicial. Señaló que existió una relación de subordinación entre Uribe y Cadena, pese a la negativa de la defensa.