La medida cautelar fue decretada por el Juzgado Tercero Administrativo y cobija a importantes entidades fiduciarias del país.
El Juzgado Tercero Administrativo de descongestión decretó el embargo de cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos, y otros, por un valor de un billón de pesos a entidades fiduciarias.
La medida cautelar cobija a corficolombiana, corfibogotá, Fiduagraria, Fidupetrol y cosacol, algunas de ellas ya fueron liquidadas tras declararse en quiebra.
El embargo fue decretado dentro de una demanda de Acción popular presentada hace ocho años por el abogado, Germán Andrés Pineda Baquero, con la pretensión de que el Departamento recupere más de 170 mil millones de pesos que invirtieron administraciones anteriores en patrimonios autónomos.
Sumado al detrimento patrimonial causado, se descubrió un “tumbe” que le hicieron a la Gobernación del Meta con las acciones sobre las terminales de transportes terrestres de Cali y Armenia por 21 mil millones de pesos en parte de pago a la deuda que tienen las fiducias con el Meta.
Esas acciones fueron valoradas en tan sólo ocho mil millones de pesos y con problemas jurídicos.
De igual manera se dice que, al parecer la actual administración seccional ha recibido algunos locales comerciales valorados en dos mil millones de pesos, hecho que posiblemente es irregular. Por lo anterior el abogado, Pineda Baquero, anunció nuevas demandas contra la gobernación del Meta.