Cuestionan legalidad de paramilitares como gestores de paz

En un pronunciamiento crítico, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, puso en tela de juicio la legalidad de la Resolución 453 del 8 de noviembre de 2024, que designa a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz. Según Cabello, esta medida no solo carece de sustento jurídico claro, sino que también podría vulnerar los derechos de las víctimas del conflicto armado, contraviniendo la Ley 2272 de 2022.

Entre las observaciones principales, la procuradora señaló la falta de claridad sobre el tipo de negociación al que responde esta designación, lo que genera incertidumbre jurídica. Además, cuestionó la legitimidad de los gestores, quienes no cumplen con las condiciones legales ni representan a grupos armados actuales. También alertó sobre la ausencia de objetivos claros en la resolución y sobre cómo estos gestores contribuirían a la reconciliación nacional.

Otro aspecto destacado es la revictimización de las víctimas. La inclusión de figuras con antecedentes graves de violaciones a los derechos humanos, como Hernán Giraldo Serna, atenta contra la dignidad de quienes sufrieron el conflicto y contradice los principios de justicia transicional.

“La paz debe construirse sobre cimientos sólidos, respetando la dignidad de las víctimas y actuando dentro del marco legal. Esta resolución no garantiza esos principios fundamentales”, afirmó Cabello, quien instó al Gobierno a reconsiderar esta medida.

La Procuraduría, además, anunció que mantiene un seguimiento riguroso a las demandas de nulidad interpuestas contra la Resolución 453 ante el Consejo de Estado. La entidad reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas y con garantizar que cualquier iniciativa de paz respeta los marcos legales y éticos.

Esta controversia subraya los desafíos legales y éticos en la búsqueda de la paz en Colombia, dejando interrogantes sobre la efectividad y legitimidad de las decisiones del Gobierno en este ámbito.