Desde ahora, el valor que tendrán que pagar los consumidores es de 208.000 pesos si son pillados portando o consumiendo estupefacientes en espacios públicos. Además, las dosis les serán decomisadas.
“Vamos a judicializar a los jíbaros. No se trata de llevar a la cárcel al consumidor; se trata de quitarle la dosis y destruirla porque esa sustancia le hace daño a la salud pública y a los niños”, dijo Duque durante la firma del decreto, este lunes por la mañana.
El Presidente dijo en días recientes que el objetivo, además, es capturar y llevar a la justicia a los jíbaros y a los expendedores que están contaminando a los niños en los alrededores de los colegios.
“Colombia tiene una actitud frente al problema de las drogas que se basa en un principio: nosotros no estamos dispuestos como sociedad a tirar la toalla para que la droga siga destruyendo hogares, no queremos ver cultivos ilícitos creciendo, acabando con el medio ambiente, no queremos ver más carteles arruinando la institucionalidad”, agregó el Jefe de Estado.
Contrario al objetivo que se trazó el Gobierno, diferentes voces se han referido al respecto y concluyen, entre otras cosas, que el único que se favorecerá con la prohibición es el narcotraficante.
Llevamos seis décadas de prohibicionismo fracasado y no se ha podido llegar a un mundo sin marihuana, e indirectamente le da más poder al narcotráfico. Es necesario que empiecen a escuchar a los usuarios de cannabis”, afirmó William Calderón, representante del Movimiento Cannábico Colombiano (MCC), citado por EL Espectador.