Crisis de Derechos Humanos por líderes asesinados

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, presentó un informe alarmante sobre la situación de derechos humanos en Colombia. En el primer semestre de 2024, se registraron 87 asesinatos de líderes sociales y 91 amenazas, lo que evidencia la creciente violencia que enfrenta esta población en el país. La Procuraduría, junto con la Defensoría del Pueblo, recopiló estos datos como parte de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.

Los departamentos más afectados por estos homicidios son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca, donde la violencia estructural y las acciones de los grupos armados ilegales han generado desplazamientos forzados y violaciones al derecho internacional humanitario. En el norte del Cauca, la situación es crítica, y en Chocó, siete paros armados han golpeado fuertemente a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Para enfrentar esta problemática, la Procuradora presentó el Índice de Prevención de Riesgos al Liderazgo Social (IPRA), una herramienta que mide los riesgos a los que se enfrentan los líderes sociales y facilita la adopción de medidas preventivas. Este índice fue aplicado en 36 municipios, revelando que el 38 % de los municipios no han implementado medidas de prevención, y más del 50 % no ha activado rutas de protección para los líderes.

En cuanto a la respuesta del Estado, la Procuraduría ha adelantado 322 actuaciones ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y ha participado en 87 sesiones de comités de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas (CERREM), revisando más de 3.000 casos de líderes sociales amenazados. A pesar de estos esfuerzos, la situación sigue siendo crítica.

Además, se han constituido cerca de 500 agencias especiales en procesos penales relacionados con amenazas y homicidios a líderes sociales, y se destaca un caso simbólico en el que la Procuraduría formuló cargos contra el secretario de Gobierno y el alcalde de Tierralta, Córdoba, por el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado.

Este panorama de violencia y falta de protección pone en evidencia la urgencia de fortalecer las políticas públicas para garantizar la seguridad de los líderes sociales en Colombia, quienes siguen siendo blanco de ataques sistemáticos.