Crisis ambiental en Colombia por manejo crítico de residuos
La Defensoría advierte que el agotamiento de la vida útil de rellenos sanitarios en 22 departamentos amenaza la salud pública.
Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo revela una alarmante situación en la gestión de residuos sólidos en Colombia. Según el documento, 22 de los 32 departamentos del país enfrentan un manejo crítico de sus residuos, con varios rellenos sanitarios al borde del colapso y la proliferación de botaderos a cielo abierto, lo que pone en riesgo la salud pública y el medio ambiente.
El informe, basado en datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, señala que de los 262 sitios de disposición final en el país, 24 ya tienen su vida útil vencida, 46 tienen una vida útil de 0 a 3 años, y 22 entre 3 y 5 años. Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, y Norte de Santander son algunos de los departamentos más afectados, con un número significativo de rellenos al borde de su capacidad.
Además, el panorama se agrava con la existencia de 79 botaderos a cielo abierto, una práctica altamente contaminante que afecta directamente a las comunidades cercanas. Chocó y Bolívar son los departamentos con más botaderos reportados, con 25 y 17 respectivamente, representando una seria amenaza para la calidad del aire, agua y suelo.
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las administraciones departamentales y municipales para que formulen planes de acción que aborden eficientemente esta crisis. La falta de una gestión adecuada podría desencadenar una emergencia ambiental y sanitaria en el corto plazo, afectando gravemente el bienestar de las comunidades.
El informe también destaca el bajo nivel de aprovechamiento de residuos en el país, con la mayoría de los municipios reportando tasas de reciclaje por debajo del 10%. Esta situación subraya la necesidad de una intervención urgente para mejorar la gestión de residuos sólidos y evitar una catástrofe ambiental en Colombia.
Con este escenario, es imperativo que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar el derecho a un ambiente sano y la prestación eficiente de servicios públicos, asegurando el bienestar de las futuras generaciones.