Corte de EE. UU. revive debate por terapias

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió anular una ley de Colorado que prohibía las llamadas “terapias de conversión” en menores, argumentando que vulneraba la libertad de expresión. La decisión no solo tiene efectos jurídicos: revive un debate incómodo donde chocan derechos fundamentales con prácticas ampliamente cuestionadas por la comunidad científica.

El fallo, respaldado por una mayoría amplia, pone sobre la mesa una tensión difícil de resolver: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión cuando se trata de intervenciones que impactan la salud mental de menores? La Corte optó por priorizar el derecho a opinar y ejercer una práctica profesional bajo convicciones personales, incluso cuando esas prácticas han sido señaladas como dañinas.

Aquí aparece el primer problema de fondo. Las “terapias de conversión” han sido rechazadas por múltiples organizaciones médicas internacionales, que las consideran ineficaces y potencialmente perjudiciales. Sin embargo, la decisión judicial no entra a discutir su validez científica, sino que se concentra en el terreno constitucional, dejando un vacío que no es menor.

El argumento de la libertad de expresión resulta sólido en abstracto, pero genera inquietud en la práctica. Regular profesiones de salud no es censurar opiniones, es establecer límites cuando hay riesgo para terceros. Y en este caso, quienes quedan en el centro son menores de edad, un grupo que justamente requiere mayor protección.

También hay una lectura política que no se puede ignorar. El fallo se da en un contexto donde en Estados Unidos han crecido las decisiones que restringen o redefinen derechos relacionados con identidad de género. No es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que está reconfigurando el alcance de ciertas libertades.

La decisión abre un precedente delicado. Si las restricciones a este tipo de prácticas pueden considerarse una violación a la libertad de expresión, otros intentos de regulación en salud podrían enfrentarse al mismo argumento. Es una línea fina que, una vez cruzada, es difícil de controlar.

Al final, más que cerrar el debate, la Corte lo amplía. La pregunta ya no es solo si estas terapias deben existir, sino quién define los límites entre libertad individual y protección colectiva. Y esa es una discusión que no se resuelve en tribunales, sino en una sociedad que aún no logra ponerse de acuerdo sobre dónde trazar esa línea.