La Corte Constitucional de Colombia ha fallado a favor de dos migrantes colombo-venezolanos cuyos documentos de identidad fueron cancelados arbitrariamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil. En una decisión emitida el 19 de julio de 2024, a través de la sentencia T-564 de 2023, el Alto Tribunal protegió los derechos fundamentales de los migrantes al debido proceso y a la nacionalidad, tras evidenciarse que sus derechos habían sido vulnerados por la actuación de la Registraduría.
El caso, asesorado por la Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario, expuso serias irregularidades en los procedimientos administrativos de la Registraduría, como la falta de motivación en los actos administrativos y la indebida notificación a los afectados. Estas fallas generaron graves violaciones al principio de publicidad y afectaron derechos fundamentales como el de la contradicción, la defensa, la nacionalidad, la personalidad jurídica, y la igualdad.
Uno de los accionantes, Jon Jefferson Paternina Mercado, descubrió que su cédula había sido cancelada bajo el argumento de falsa identidad cuando solicitó un certificado para su trabajo. La Registraduría también anuló su registro civil de nacimiento, alegando incumplimientos en las formalidades legales sin especificar detalles. Ante esta situación, la Clínica Jurídica decidió interponer una acción de tutela que, tras ser negada en primera y segunda instancia, fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, la cual finalmente falló a favor de los migrantes.
La Corte advirtió a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la importancia de garantizar un debido proceso en todas sus actuaciones administrativas, especialmente en temas relacionados con la nacionalidad. El Alto Tribunal enfatizó que cualquier irregularidad en estos procedimientos puede tener consecuencias graves, no solo para las personas afectadas, sino también para las instituciones nacionales. La Registraduría ha sido instada a realizar sus procesos con la máxima diligencia para evitar futuras vulneraciones de derechos.
La sentencia T-564 de 2023 se suma a la jurisprudencia de la Corte en la protección de los derechos de la población migrante, estableciendo estándares más altos de protección para este grupo vulnerable. Esta decisión refleja un compromiso creciente con la justicia y la equidad en el tratamiento de los migrantes en Colombia, permitiendo que estos puedan acceder a una protección jurídica más efectiva.
Nicolás Barón González, coordinador de la Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza, destacó la importancia del fallo como un avance significativo en la protección de los derechos humanos y en el desarrollo de la jurisprudencia en Colombia. Este caso no solo reafirma los derechos de los migrantes a un debido proceso y a la nacionalidad, sino que también subraya la necesidad de que las instituciones actúen con transparencia y respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
