Corte avala reforma pensional de Petro

La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional promovida durante el gobierno de Gustavo Petro, pero ordenó devolver algunos apartes a la Cámara de Representantes para corregir fallas en el trámite legislativo. La decisión, adoptada por siete votos contra uno, permite que los principales cambios del sistema pensional sigan adelante.

El fallo pone fin a más de dos años de incertidumbre alrededor de la Ley 2381 de 2024. La norma había sido sancionada durante el gobierno de Petro, pero su aplicación quedó suspendida en 2025 luego de que la Corte identificara problemas en el procedimiento utilizado para su aprobación en la Cámara.

Uno de los principales cambios de la reforma es la creación de un sistema organizado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro individual. El primero está dirigido a adultos mayores en situación de pobreza, mientras que el segundo contempla a quienes realizaron aportes, pero no alcanzaron las semanas necesarias para obtener una pensión.

En el componente contributivo, los trabajadores deberán dirigir a Colpensiones sus aportes hasta determinado límite de ingresos. Los recursos que superen ese umbral podrán permanecer en el esquema de ahorro individual administrado por los fondos privados.

La reforma conserva las edades de pensión vigentes: 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. También mantiene en 16 % la tasa general de cotización sobre el ingreso.

Aunque la Corte dio luz verde a la mayor parte de la ley, el nuevo sistema no comenzará a funcionar de inmediato. Debido a que la fecha inicialmente prevista, el 1 de julio de 2025, ya quedó atrás, el tribunal determinó que la reforma entrará en vigencia en abril de 2027, mientras el Congreso completa las correcciones ordenadas.

Antes de su implementación, el Gobierno deberá expedir la reglamentación correspondiente y las entidades del sistema, entre ellas Colpensiones y los fondos privados, tendrán que adecuar sus plataformas y procedimientos a las nuevas reglas.

Otro asunto que permanece pendiente está relacionado con la denominada ventana de oportunidad, mecanismo que permitió a algunos afiliados cambiar de régimen. Más de 27 billones de pesos están vinculados a estos traslados, cuyo paso hacia el fondo público todavía enfrenta procesos ante el Consejo de Estado.

La decisión representa un respaldo a una de las principales reformas del gobierno Petro y marca un nuevo capítulo para su implementación. Sin embargo, su futuro político no está completamente definido: el actual presidente, Abelardo de la Espriella, ha anunciado que buscará promover una contrarreforma para modificar algunos de sus componentes.