Contraloría refuerza control fiscal previo a elecciones

En el marco de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la Contraloría General de la República anunció que realizará el seguimiento a la contratación pública y al gasto estatal durante el periodo electoral, en el marco de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales), a través de la implementación del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, en virtud del control fiscal concomitante y preventivo.

El Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo implementado por la Contraloría General a través de la DIARI, permite monitorear la contratación pública, la nómina estatal, la ejecución presupuestal, los subsidios y beneficios sociales en todo el país de manera técnica, continua y sistemática.

Su objetivo es prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines electorales y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones estatales. Para ello, integra bases de datos como SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA) y los sistemas presupuestales del DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, facilitando la detección de patrones de riesgo e irregularidades que puedan afectar la transparencia y la equidad electoral.

A partir del 8 de noviembre de 2025, en el marco del control fiscal concomitante y preventivo, la entidad empezó a monitorear que no se utilice la contratación a través de convenios inter administrativos para la ejecución de recursos públicos durante el periodo de restricciones electorales, alertando de manera temprana ante cualquier intento de realizar este tipo de acuerdos.

Asimismo, se hará seguimiento a los incrementos inusuales en contratos de servicios y a las transferencias excepcionales de recursos públicos a entidades locales, así como a la detección de contratistas inhabilitados por
exceder los límites legales de financiación política. A partir del 31 de enero de 2026 iniciará el control sobre la contratación directa.

Desde septiembre de este año, la Contraloría General de la República ha venido aplicando el modelo analítico de seguimiento preventivo, lo que ha permitido caracterizar detalladamente la dinámica de la contratación pública y sus tendencias. Este monitoreo ha identificado picos significativos en la modalidad de contratos y convenios inter administrativos durante los meses de septiembre y octubre, lo que evidencia la importancia de la vigilancia continua
en este periodo previo a las restricciones electorales. 

De acuerdo con el seguimiento mensual realizado sobre convenios y contratos interadministrativos a nivel territorial y nacional para el presente año 2025, se observa un incremento significativo en el valor de la contratación registrada en SECOP durante los dos meses previos a la fecha de prohibición para la celebración de este tipo de contratos por motivo de la época electoral. Esta tendencia muestra que septiembre y octubre registran los montos más altos del periodo analizado, con valores que alcanzan los $4,0 billones y $3,5 billones, respectivamente.

• La Contraloría detectó los picos más altos de contratos y convenios interadministrativos antes del inicio de las restricciones electorales, $4,0 billones en septiembre y $3,5 billones en octubre de 2025.

• Ante la entrada en vigor, por la ley de garantías electorales, de la prohibición de nuevos convenios inter administrativos para la ejecución de recursos públicos, la Contraloría activará alertas tempranas ante esos casos.

• Desde el 31 de enero de 2026, el seguimiento se ampliará a la contratación directa, con foco en evitar desviaciones de gasto público durante la campaña presidencial y legislativa.

• La Contraloría articulará acciones con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral para intercambiar alertas sobre posibles desviaciones del gasto público con fines políticos.