La Unión Temporal Centros Poblados y aliados deberán devolver al Estado $87.027 millones por irregularidades en la instalación de centros digitales.
La Contraloría General de la República ha emitido un fallo con responsabilidad fiscal de $87.027 millones contra los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, así como su representante legal y la empresa proveedora de equipos. Esto se debe a incumplimientos en el contrato firmado para instalar 7.277 centros digitales en zonas rurales de Colombia, destinado a proporcionar internet gratuito en 16 departamentos.
La investigación reveló que la gestión del proyecto fue “ineficaz, ineficiente e inoportuna”, resultando en la entrega incompleta de los equipos necesarios para culminar el programa. La falta de cumplimiento de los términos del contrato llevó a la terminación anticipada y obligó a la devolución de recursos públicos, además de la presentación de una garantía bancaria falsa por parte del consorcio, lo que permitió el desembolso de $70.000 millones de anticipo.
El fallo también señala la responsabilidad de la empresa proveedora de equipos, que no cumplió con la entrega estipulada. A su vez, se determinó que los miembros del consorcio interventor fueron responsables por aprobar órdenes de pago sin verificar adecuadamente los documentos requeridos, lo que facilitó el acceso a los recursos sin cumplir las condiciones pactadas.
Por otro lado, la Contraloría exoneró a algunos funcionarios del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ya que no pudieron actuar debido a la falta de información sobre el incumplimiento del contratista hasta mayo de 2021. Los funcionarios demostraron que habían seguido los procedimientos necesarios para la aprobación de garantías bancarias.
La situación refleja la necesidad de mejorar la supervisión y gestión de proyectos de infraestructura tecnológica en Colombia, garantizando que se cumplan los objetivos de conectividad en las zonas más vulnerables del país.