Los hechos se registraron en el 2002. La decisión fue tomada por la sección Tercera del Consejo de Estado.
La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró administrativamente responsable a la Policía Nacional por el secuestro de una profesora en mayo de 2002 y por quien cobraron cerca de 182 millones de pesos por su rescate.
Según el magistrado ponente, Hernán Andrade Rincón, la Policía debe estar pendiente y vigilar las actuaciones de sus uniformados quienes representan la Constitución y la Ley.
Para el momento del secuestro, según el Consejo de Estado, dos policías de servicio activo en la institución mediaron y persuadieron a otros patrulleros para sobrepasar dos retenes de la Policía y uno del ejército valiéndose de la condición de miembros activos den la fuerza pública, sin que fueran detenidos.
Uno de los participantes del secuestro fue quien vigiló la cuadra donde residía la víctima, planeando como iban a ejecutar el plan criminal en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar.