Consejo de Estado permitirá revisar sanciones impuestas a funcionarios electos, garantizando el debido proceso y el control judicial.
El Consejo de Estado anunció que asumirá la revisión de sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación a funcionarios elegidos por voto popular. Esta decisión busca garantizar el principio de doble conformidad, permitiendo que medidas como destituciones e inhabilidades sean revisadas por una instancia judicial, asegurando el equilibrio institucional y el debido proceso.
Con 16 votos a favor y cuatro en contra, la Sala Plena ratificó que esta facultad se extiende a funcionarios en ejercicio y a quienes hayan dejado el cargo. La medida es transitoria, mientras el Congreso legisla un marco definitivo que regule los derechos políticos de estos servidores, en cumplimiento de estándares internacionales.
La decisión se alinea con la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, que mantuvo la potestad de la Procuraduría para sancionar, pero bajo control automático del Consejo de Estado. Según Margarita Cabello, Procuradora General, este respaldo fortalece la lucha contra la corrupción y garantiza el equilibrio entre las instituciones.
El presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves, destacó que este control refuerza la protección de los derechos políticos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Casos como el del presidente Gustavo Petro, destituido como alcalde de Bogotá en 2013, impulsaron este cambio tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que limitó la capacidad sancionadora de entes administrativos.
Con esta unificación de criterios, el Consejo de Estado busca alinear el sistema disciplinario colombiano con los estándares internacionales, fortaleciendo las garantías procesales de los funcionarios de elección popular y consolidando la transparencia en el ejercicio del control disciplinario.