Condenan al municipio a indemnizar a Claudia Rugeles, gestora social del Meta

El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta condenó al municipio a pagar una indemnización de 30 salarios mínimos legales vigentes mensuales tras ser declarado patrimonial y materialmente responsable del perjuicio moral causado a Claudia Cecilia Rugeles Flórez, como consecuencia de la declaratoria de insubsistencia como secretaria de gobierno.

Así mismo, a título de restablecimiento de derechos se ordenó el reintegro a un cargo de igual o superior categoría al que venía desempeñando, con pago de todos los factores salariales como gastos de representación, asignación mensual, primas, bonificaciones, vacaciones y otras prestaciones sociales, dejados de recibir desde el 16 de febrero de 2006 hasta que se haga efectiva la reincorporación al empleo.

La decisión fue proferida en cumplimiento a una Tutela del Consejo de Estado que amparó derechos fundamentales y constitucionales de Claudia Rugeles, que al parecer habían sido vulnerados por el Tribunal, al fallar parcialmente una demanda de Acción de Nulidad y Restablecimientos de derechos en segunda instancia.

Claudia, fue nombrada secretaria de gobierno en la alcaldía mediante decreto del 2 de enero de 2004 por el entonces alcalde, Franklin Germán Chaparro Carrillo, quien meses después se cae por una sanción de la Procuraduría General de la Nación.

Entonces asume como alcalde encargado, Carlos Alirio Gómez Villarraga, quien la declara insubsistente mediante Decreto No. 353 de 16 de diciembre de 2006, sin que designara a alguien en su reemplazo, por lo que la actora continuó desempeñando el cargo.

Luego, Chaparro Carrillo, es reintegrado por un fallo de Tutela y decidió mediante Decreto N° 358, de 21 de diciembre de 2005, nombrarla nuevamente en el cargo.

Producto de una revocatoria del fallo de tutela que había reintegrado a Franklin German Chaparro, vuelve e ingresa como Alcalde encargado, Gómez Villarraga, quien el día 16 de febrero de 2006, declaró insubsistente a la demandante mediante el Decreto N° 033 a pesar de encontrarse vigente la Ley de garantías electorales.

Con la insubsistencia se generaron consecuencias nefastas para la economía de su hogar, dado que el empleo era el único ingreso que tenía para el sustento de su familia y que sumado al secuestro de su esposo, Alan Jara, quedó en un estado de depresión muy fuerte al tanto que afectó su salud.

En mérito de lo expuesto y administrando justicia en nombre de la Republica, el Tribunal condenó a la alcaldía de Villavicencio a reparar íntegramente a la abogada, Claudia Cecilia Rujeles, hoy gestora social del Departamento.