Condenan a EMSA y entidades por uso indebido de activos
La EMSA y varias entidades locales deben pagar por el uso no registrado de activos eléctricos, según fallo del Tribunal Administrativo del Meta.
El Tribunal Administrativo del Meta, en Villavicencio, ha dictado una sentencia de segunda instancia que condena a la Electrificadora del Meta S.A. ESP, al Departamento del Meta y a varios municipios por la amenaza al patrimonio público derivada del uso indebido de activos eléctricos. La decisión se produce después de 18 años de litigio.
La demanda fue interpuesta por el abogado Jhon Jairo Rey Ortiz, quien argumentó que la Electrificadora del Meta ha utilizado activos eléctricos —incluyendo postes, cables y transformadores— construidos con recursos del Departamento del Meta y los municipios sin compensar ni el uso ni el valor de estos bienes. El Tribunal ha confirmado que las entidades demandadas han mostrado negligencia al no inventariar ni valorar estos activos, poniendo en riesgo el patrimonio público.
El fallo ordena a las entidades involucradas, incluyendo la Electrificadora del Meta, el Departamento del Meta y los municipios de Villavicencio, Acacías, San Martín, Granada, Puerto López, Restrepo, Cumaral, Guamal, Castilla La Nueva, Cubarral, Fuente de Oro, San Juan de Arama, Lejanías y San Carlos de Guaroa, que determinen y evalúen los activos en un plazo máximo de 24 meses. Además, deberán realizar el pago correspondiente por el uso de estos activos.
Este fallo representa un avance significativo para el Departamento del Meta y los municipios involucrados. La Gobernación y los municipios ahora tienen la oportunidad de solicitar que estas inversiones se reconozcan como acciones en la Electrificadora, lo que podría posicionar a la Gobernación como accionista mayoritario y permitir una mayor autonomía en la gestión del sistema eléctrico regional.
La sentencia también establece la formación de un comité para supervisar el cumplimiento del fallo, compuesto por representantes de las entidades condenadas y del actor popular, que deberá presentar informes trimestrales al Juzgado sobre el progreso en la implementación de la sentencia.
Este fallo marca un hito en la protección del patrimonio público y en la mejora del suministro eléctrico en la región del Meta.