¿Cómo justifican un falso positivo?

Este año, uno de los temas más deplorables para la Fuerza Pública —los mal llamados falsos positivos— volvió al escarnio público de la mano de un coronel del Ejército: Róbinson González del Río. Su nombre trascendió cuando Daniel Coronell divulgó el pasado 6 de junio, en su artículo “Crimen sin castigo”, que el oficial retirado había empezado un proceso de colaboración con la Fiscalía para revelar su participación en unos 150 asesinatos de civiles presentados como guerrilleros, que al menos seis generales sabían de las ejecuciones extrajudiciales y que son ciertos los presuntos nexos entre los ‘paras’ y el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe —quien de inmediato negó las afirmaciones a través de su abogado—.

Tres días después, el periodista Juan Carlos Giraldo, de RCN, dio a conocer una entrevista en la cual González detalló sus confesiones. El asunto hasta tuvo un costo personal para Giraldo, a quien, un día después de haberse transmitido la entrevista, el exmandatario Uribe acusó por Twitter de conocer de un fraude en la Registraduría en la época en que Santos buscaba su reelección. Una vez publicados los trinos, Giraldo empezó a recibir mensajes intimidatorios. Más allá de ese episodio, entre junio y julio RCN y La FM difundieron la información que estaba entregando González, en la cual éste habló de “tres modalidades” de falsos positivos y hasta señaló que el proceso de paz exigía una “verdad verdadera”.

Existe, sin embargo, un grupo de personas apabulladas con la cooperación de este oficial en retiro. Se trata de las familias de 92 personas que, según investiga la justicia, podrían haber sido reportados como muertes en combate sin serlo. En el marco de un caso conocido como Java, que es el nombre de la vereda de Manizales donde dos hombres fueron asesinados por el Ejército en 2008 —ya hay condena en segunda instancia—, González rindió una declaración juramentada el pasado 31 de julio que no se ha ventilado hasta ahora. “En eso quiero ser claro: nunca se dieron de baja humildes campesinos (...) de eso puede tener certeza porque eran bandidos”, dijo ese día en el despacho 53 de la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía.

En el Eje Cafetero, precisamente por cuenta del caso Java, la Fiscalía comenzó a indagar por las muertes de 92 personas en total —que el Ejército reportó en su momento como bajas— con el fin de establecer si se trató de ejecuciones extrajudiciales y si se identifican patrones que evidencien que el asunto fue sistemático. Los episodios bajo la lupa de las autoridades comienzan en 2003, cuando se presentó el primer episodio con manto de duda. En 2005 ya no fue uno sino seis. Un año más tarde, nueve. Y en 2007, cuando ya González del Río era comandante del batallón de contraguerrillas No. 57 Mártires de Puerres y operaba en Caldas, el reporte de casos llegó al número 32.

Bajo juramento, González aseguró que todos los homicidios fuera de combate que cometieron sus hombres obedecían a una estrategia: mantener el control de la zona a costa de lo que fuera. “No es lo correcto, pero los bandidos sólo aprenden cuando ven que el compañero muere en una acción (...). Es que el criminal hace una carrera como cualquier profesional: el tipo nace siendo gamín, después pasa a ser pandillero, después a una banda, después si al tipo se le da la oportunidad de que lo llamen los paramilitares o la guerrilla para que se gane una plata más, pues allá va a terminar. Los mismos generales nos decían: ‘Mire, hermano, a esos bandidos hay que darlos de baja porque luego se le convierte en un guerrillero o un paramilitar y se le vuelve un problema mayor’”.

En las palabras de González del Río se advierte su iniciativa para maquillar hechos cuando cuenta el siguiente episodio: su superior, el general Jairo Erazo, entonces comandante de la Octava Brigada, le dijo que iba a trasladar a un mayor del Gaula porque no estaba produciendo bajas. “Yo hablo con él y le digo: mi mayor, hay unos bandidos que están viniendo mucho aquí a Neira a hacer embarradas, a amenazar la gente, a extorsionar, y se están haciendo pasar por grupos ilegales. Usted verá, hay tres bandidos de esos, los tenemos identificados”. Según el oficial retirado, la respuesta de ese mayor fue: “Ah, listo, mi mayor, démoslos de baja y entonces reporte usted uno y yo reporto dos”.

La mayor cantidad de bajas hoy cuestionadas se presentaron en 2007 y el propio González así lo admitió: a la Fiscalía le explicó que el motivo para que los números se dispararan ese año en particular fue que, luego de que el bloque Cacique Pipintá de las Auc se desmovilizara y las Farc quedaran completamente reducidas, “el comandante de brigada tenía que justificar qué hacía la presencia del Batallón 57, el Comando Operativo y el Batallón Ayacucho en Caldas, y empiezan a pedir bajas”. Entonces, de acuerdo con la versión del coronel en retiro, se daban conversaciones como esta:

–Listo, mi general. Los tipos van a llegar al sitio, vamos a ver cómo se desarrolla todo.

–Sí, pero no me vaya a salir con que los capturaron.

“Es claro ejemplo de que a usted lo evaluaban por bajas, tan así que si ustedes piden los folios de mi hoja de vida, de mi lapso evaluable de octubre de 2006 a octubre de 2007, a mí todas las bajas me las registraban en la hoja de vida y fueron firmadas por el general (Hernando) Pérez Molina, comandante de la División III, y por mi general Erazo”. En su relato, en ningún momento intentó González del Río escurrirse de su responsabilidad: “Yo estoy reconociendo ese error”. Dijo que sus subalternos no daban un paso sin su visto bueno, pero, asimismo, señaló que ninguno de sus hombres daba un paso tampoco sin que sus superiores lo supieran.

González reiteró que la presión por este tipo de resultados (sólo bajas) venían desde la cabeza del Ejército: el general Mario Montoya —quien también ha rechazado las afirmaciones del oficial—. Desde hace meses la Fiscalía viene corroborando su testimonio. Ese 31 de julio, González pidió que lo llevaran a un centro de reclusión militar para estar seguro, alegando que en una cárcel era blanco fácil. Hoy está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Picaleña. “La verdad es que muchas unidades se excedieron en el empleo de la fuerza”. Así es como resume González del Río los crímenes cometidos bajo su mando: como un exceso de fuerza. La justicia dirá si está de acuerdo o no con esa premisa.

El 29 de mayo de este año, el Tribunal Superior de Manizales revocó la sentencia de primera instancia y condenó a 47 años de prisión a siete integrantes del Batallón Mártires de Puerres como responsables del homicidio agravado de dos hombres: Darbey Mosquera y Álex Ramírez Hurtado, cometido el 8 de febrero de 2008. El coronel (r) Róbinson González ya no dirigía la unidad para esa época, pero los asesinatos ocurrieron tal como él contó que los cometía su batallón: los uniformados reportaron presencia de extorsionistas; luego, el combate; luego, las bajas. Este caso, sin embargo, tuvo dos particularidades: Mosquera y Hurtado iban con José Marín, quien huyó herido; y un soldado del batallón era primo de Mosquera —meses más tarde pidió entrar a Protección de testigos—.

José Marín relató en el juicio que un soldado, Alfonso Palacios, era quien los había reclutado a los tres desde Pradera (Valle) “a realizar un trabajo ilícito”, los condujo a la vereda Java y ahí los atacaron. En julio de este año, Palacios se fugó del centro de reclusión militar de Cali.

El escándalo con el magistrado 

Unas interceptaciones al celular del coronel (r) Róbinson González terminaron costándole el puesto a Henry Villarraga, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura. De acuerdo con las grabaciones, reveladas por Noticias Uno en octubre del año pasado, González del Río estaba negociando supuestamente con Villarraga para que éste hiciera que el caso Java pasara de la justicia ordinaria a la justicia penal militar (JPM). Villarraga negó cualquier acto ilegal y tildó a los medios de irresponsables, pero, en noviembre, renunció.

De los 63 casos cuestionados en el Eje Cafetero, en los que el Ejército reportó 92 muertes en combate entre 2003 y 2009, se sabe que hay 29 en la JPM. El resto están en la Fiscalía —unos pocos— o en indagación preliminar en la JPM. 

"Tomado de El Espectador"