Solo resta la aprobación de OCAD de los recursos para la segunda fase del proyecto, lo que permitirá a la firma contratista iniciar la construcción de la obra en cuestión de semanas.
Explicó Iván Pérez, representante de la firma contratista que construiría el nuevo Hospital Departamental de Villavicencio, que la acción popular actualmente en curso contra ese proyecto, no afecta su ejecución, dado que el lote cumple a cabalidad las normas urbanísticas exigidas por la ley.
En este momento, la obra cuenta con su plan parcial debidamente aprobado por Planeación municipal y Cormacarena, Plan de implantación aprobado por Planeación Municipal, viabilidad otorgada por la Aerocivil y la licencia de urbanismo y construcción expedida por la Curaduría Urbana Segunda de Villavicencio.
Así las cosas, la dificultad para iniciar el proyecto es de recursos. Como se recuerda, la edificación fue diseñada para construirse en dos fases. Para la primera, ya se cuenta con los 40 mil millones de pesos requeridos.
Sin embargo, la segunda necesita de 100 mil millones de pesos que serían aprobados ante OCAD para darle vía libre a su ejecución. Es por ello, que el gobierno departamental está a la espera de esos dineros, lo que permitirá garantizar la financiación de ambas fases y empezar la construcción, garantizando que no se convierta en un elefante blanco.
“La plata que hay originalmente no alcanza para terminarlo, lo que no quiere decir que el proyecto se amplíe para que mi contrato o el contrato del consorcio valga más, no, eso vale 40 mil millones, lo que pasa es que las obras son dos veces los m2 del Ministerio”, dijo Pérez.
Agregó que la obra tiene un tiempo estimado de ejecución de 40 meses.
Por tal razón, se espera que la totalidad de recursos queden apropiados antes de finalizar el 2013, en aras de iniciar la obra a más tardar a principios de 2014, pensando en que por las demoras en el inicio de su ejecución no se eleven los cosos de los materiales y por tal motivo, del proyecto.
“Esa tramitomanía de las licencias y la concertación con Bogotá hacen que las obras se demoren pero de alguna manera el gobierno se ajusta a los precios oficiales de estudio de mercado y basado en ello, ellos pagan honorarios de la concesión”, aseveró Pérez.