Más de 100 días de bloqueos en el peaje Puente Amarillo afectan el contrato de concesión y la economía del Estado, dice Covioriente.
Desde el 2 de agosto, los manifestantes han bloqueado de manera permanente la estación de peaje Puente Amarillo, ubicada en la concesión vial Villavicencio-Yopal. Durante este tiempo, se han realizado más de 12 mesas de diálogo entre las autoridades y los manifestantes, con la participación del Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Defensoría del Pueblo Regional Meta, la Gobernación del Meta y otras entidades regionales. Sin embargo, las propuestas de la ANI, que incluyen tarifas diferenciales para los habitantes locales y tarifas especiales para fines de semana, han sido rechazadas por los manifestantes, quienes exigen el desmonte del peaje y la suspensión de los cobros.
El bloqueo ha afectado el tránsito de más de un millón de vehículos y ha provocado pérdidas millonarias para el Estado, con una afectación al contrato de concesión superior a los 10.000 millones de pesos, según Covioriente. Este proyecto vial, que presenta un avance del 93% en su construcción y ha generado más de 25.000 empleos, está en riesgo debido a las alteraciones en el cobro del peaje. La falta de recaudo impacta directamente la viabilidad económica del proyecto y genera un detrimento patrimonial para la nación.
A pesar de estos inconvenientes, las autoridades nacionales y departamentales han intentado restablecer la operación del peaje. El 12 de noviembre, se intentó reanudar las actividades con el acompañamiento de la Policía Nacional, pero los manifestantes impidieron el restablecimiento del servicio.
Las autoridades siguen comprometidos con el diálogo para busca una solución consensuada que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto vial, vital para la competitividad y conectividad de la región con el resto del país, así como lo informa Covioriene a través de un comunicado de prensa.