Alerta fiscal por retraso en bonificación judicial

La Contraloría General de la República alertó que el Gobierno Nacional aún no ha expedido el decreto que define el reajuste a la bonificación mensual de los servidores judiciales, pese a que restan pocas semanas para que finalice el año. La entidad señaló que esta omisión mantiene sin actualización salarial a cerca de 59 mil funcionarios, cuyo ingreso depende del ajuste anual ligado al índice de precios al consumidor.

El organismo de control explicó que la falta de actualización del valor, contemplado en el Decreto 383 de 2013, implica un incumplimiento de las condiciones laborales fijadas por la ley y expone al Estado a una serie de reclamaciones administrativas y acciones judiciales. La ausencia del decreto impide que las entidades del sector justicia procesen los pagos acumulados y realicen las previsiones presupuestales pertinentes.

Según la Delegada para el Sector Justicia, esta situación puede derivar en pasivos contingentes significativos, pues los retroactivos salariales se convertirían en obligaciones futuras que presionarían el presupuesto del sector. La Contraloría advirtió que, de materializarse estos pagos atrasados, se alteraría el equilibrio financiero y se afectarían vigencias posteriores.

El pronunciamiento también subraya que la no expedición del decreto distorsiona el registro de los pasivos y limita la transparencia fiscal. La acumulación de obligaciones sin reconocer comprometería los principios de planeación, anualidad y sostenibilidad fiscal establecidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Las entidades afectadas reiteraron que han solicitado de manera reiterada al Ministerio de Hacienda la definición del ajuste para poder iniciar los trámites administrativos correspondientes. No obstante, la ausencia de una decisión oficial mantiene en riesgo la estabilidad financiera del sector justicia.