El profesional del Derecho William Ancizar Romero Sandoval fue cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.
William Ancizar Romero Sandoval, fue afectado con una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario en la ciudad de Villavicencio, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de extorsión, luego que un Juez con funciones de control de garantías valorara los elementos de juicio que presentó la Fiscalía 14 Especializada delegada ante la Unidad Gaula.
Después de seis horas que demoraron las diligencias concentradas, el abogado apoderado, Fabio Guiza Santamaría, dijo que se actuó con ausencia jurídica y apeló la medida de aseguramiento y la legalización de la captura argumentando que el CTI y el Gaula del ejército desbordaron las facultades determinadas como policía judicial al ejecutar un procedimiento sin la debida autorización y coordinación de la Fiscalía.
De igual manera se refirió a que el código de procedimiento penal establece que esas atribuciones son válidas en casos excepcionales como por ejemplo que “una mujer pida auxilio al interior de una vivienda porque la van a asesinar y la policía no alcance a reportar el caso a la fiscalía para proceder a capturar o a expedir órdenes de allanamiento”.
Controvierte Guiza Santamaría, que en el caso de la supuesta extorsión, la fiscalía se quedó corta en su proceder pese a conocer que estaban haciendo seguimientos al abogado William Romero, y que acudirían a un paquete señuelo para capturarlo, luego que el exgobernador del Meta, Darío Vásquez, denunciara que estaba siendo objeto de extorsiones por delincuentes que él no conocía.
En otros apartes recalca que la fiscalía en ningún momento presentó pruebas que dijeran que su prohijado lo estaba amedrantando, y contrario a ello el Juez agregó muchas cosas que no aportó la fiscalía y que oficiosamente llenó un poco de vacíos que tuvo el ente judicial a la hora de pretender enrostrar una exigencia para poder enviarlo a la cárcel quebrantando la presunción de inocencia de William Romero.
www.noticiasdelllano.com conoció que será un Juez Penal del Circuito Especializado el que resuelva en segunda instancia si revoca, modifica o confirma la medida de aseguramiento; mientras que otro Juez Penal de circuito, resolverá sobre la legalidad de la captura, ambos despachos se pronunciarán en un tiempo no mayor a 30 días hábiles.
La investigación penal en contra del abogado se desprende de las denuncias que él presentó ante la fiscalía y ante jueces administrativos, contra el ex Gobernador del Meta, Darío Vásquez Sánchez, por supuestas irregularidades en la adquisición de un predio en el sector, vía a Catama donde proyectan la construcción del nuevo Hospital departamental.
Incluso en una demanda de Acción Popular que se encuentra en el Juzgado Quinto Administrativo, se decretó una medida cautelar mediante la cual se advierte a la Gobernación que cualquier inversión económica que se haga para ejecución del proyecto, podría verse afectada por alguna decisión que el Despacho llegue a proferir en el momento que resuelva dicha demanda.
En esas circunstancias, se conoció durante el desarrollo de las audiencias preliminares realizadas el domingo último en el Palacio de justicia, que el exmandatario Darío Vásquez, envió al ciudadano Bernardo Rivera Cortes, para que conciliaran económicamente y le retirara las demandas, pero según el abogado procesado, William Romero, no recibiría dinero a no ser que emplearan el término de un préstamo y para demostrarlo firmaron una letra por 20 millones de pesos como adelanto de los 400 millones que acordaron finalmente tras haber hablado de 850 millones.