Este 14 de julio, Petro sancionó una ley que permite a vehículos eléctricos circular por ciclorrutas, pese a objeciones del Ministerio de Transporte.
A pesar de las advertencias del Ministerio de Transporte sobre riesgos de seguridad vial y posibles fallas constitucionales, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 111 de 2023 que regula el uso de vehículos eléctricos livianos como patinetas, scooters y mopeds en ciclorrutas. La norma, aprobada por el Congreso, pretende fomentar la movilidad sostenible, pero ha sido criticada por abrir la puerta a la circulación de vehículos de alta velocidad sin suficiente regulación técnica.
El Ministerio había solicitado objeciones parciales al proyecto por considerar que tres de sus artículos (2, 3 y 15) eran inconvenientes o inconstitucionales. Entre sus argumentos, advertía que definir estos vehículos por potencia (hasta 1.000W) sin tener en cuenta la velocidad por diseño —como se hace en países europeos— podría permitir la circulación de modelos que superen los 60 km/h, incrementando el riesgo de accidentes.
También cuestionó que el artículo 3 estableciera normas de tránsito sin una clasificación técnica clara de los vehículos, y que el artículo 15 eximiera a algunos de ellos de requisitos como matrícula, SOAT o licencia, lo que debilitaría la supervisión y control vial. Según el Ministerio, esto podría generar un efecto contrario al deseado: menos seguridad y más siniestros.
En su análisis, la cartera insistió en que la regulación debía adoptar un enfoque de “Sistema Seguro”, con velocidades “perdonadoras” que minimicen la posibilidad de muertes en accidentes. Además, subrayó que la infraestructura de ciclorrutas está diseñada para actores viales vulnerables, no para vehículos motorizados de alta potencia.
El Ministerio también había advertido que la ley no contempla adecuadamente los escenarios rurales ni establece quién regulará el uso recreativo o deportivo de estos vehículos. Enfatizó que la competencia para definir parámetros técnicos como velocidad, peso o modalidad debía permanecer exclusivamente en manos del Ministerio de Transporte.
Con la sanción presidencial, la norma entra en vigencia, aunque su implementación podría ser objeto de demandas ante la Corte Constitucional. La decisión del presidente Petro refuerza su apuesta por la movilidad eléctrica, pero también pone a prueba el equilibrio entre innovación tecnológica y seguridad ciudadana.
Tomado de El Tiempo