Casanare trazó nuevas estrategias para atender a víctimas del conflicto, priorizando tierras, educación y justicia transicional.
Con un fuerte enfoque institucional y comunitario, Casanare puso en marcha nuevas acciones para avanzar en la reparación integral de víctimas del conflicto armado. En el primer Comité de Justicia Transicional del año, realizado en Yopal y presidido por el gobernador César Ortiz Zorro, se acordaron compromisos claves para garantizar el acceso a derechos fundamentales de esta población.
Durante el encuentro, al que asistieron representantes de distintas entidades y líderes de mesas de víctimas, se destacó la indemnización a 130 personas, con una inversión de más de 1.127 millones de pesos. Además del alivio económico, las víctimas accedieron a asesoría en educación financiera y programas de vivienda y educación superior, consolidando así su proceso de restablecimiento.
Uno de los acuerdos centrales fue la creación de una mesa de alto nivel que articulará acciones con la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales, para dar respuesta a casos represados de retorno, reubicación y adjudicación de tierras. La primera reunión está programada para el 2 de mayo en Maní, donde también se dará seguimiento al proceso de entrega de predios a desplazados del Cesar.
El gobernador Ortiz Zorro reiteró que el acceso a la agroindustria será parte esencial del proceso de reparación, ya que representa una vía real para que las víctimas superen el rezago social. En esa línea, se prevé abrir el 23 de abril un punto regional de atención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), facilitando el acceso directo a la justicia transicional desde el territorio.
En paralelo, el 22 de abril se reunirán dependencias del gobierno departamental para definir si es viable reforzar los puntos de atención a víctimas en Yopal, Villanueva y Paz de Ariporo. La intención es descentralizar la atención y acercar la oferta institucional a quienes más la necesitan.