La Unidad de Víctimas rinde homenaje a más de 45.000 víctimas de desaparición forzada en el país, como parte de la conmemoración que inicia el lunes.
A partir del próximo 23 de mayo, se conmemora en el país la Semana Internacional contra la Desaparición Forzada.
En Colombia, al menos 45.944 personas desaparecieron en el marco del conflicto armado interno y otras 116.344 son reconocidas como víctimas indirectas, según el registro que maneja la Unidad para las Víctimas.
“La desaparición forzada no solo vulnera los derechos de la persona desaparecida, sino que tiene un impacto muy fuerte en los familiares y su entorno, porque les genera un dolor continuado en el tiempo”, afirma Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad para las Víctimas.
La desaparición forzada ha impactado principalmente en los hombres (alrededor del 88% de las víctimas directas). El año 2002 fue el período con mayor número de desapariciones forzadas.
Desde entonces, anualmente se observa un descenso en la ocurrencia de estos hechos (se pasó de 14.598 víctimas entre directas e indirectas en 2002 a 22 registradas en 2015).
Los departamentos más afectados por la desaparición forzada son: Antioquia, Meta, Valle del Cauca, Cesar, Caquetá y Putumayo.
Dentro de la reparación individual, la Unidad para las Víctimas ha brindado atención a más de 2.000 familiares de personas desaparecidas, a través de la ‘Estrategia de recuperación emocional a nivel grupal’.
Además, se otorgó la indemnización por vía administrativa a 62.832 víctimas indirectas de este hecho.
Además, “en la Unidad para las Víctimas, hemos observado que el apoyo psicosocial es importantísimo para afrontar los daños del conflicto”, agrega la funcionaria.
Entrega de restos y acompañamiento psicosocial
En 2011, la Ley de Víctimas preveía un artículo con el objetivo de “contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la identificación de cadáveres y su inhumación posterior, según las tradiciones familiares y comunitarias, a través de las entidades competentes para tal fin”.
Un año después, con la entrada en funcionamiento de la Unidad para las Víctimas, la entidad comenzó a acompañar la entrega de restos a familias con víctimas de desaparición forzada y homicidio.
Este acompañamiento, que se ha brindado a 1.743 familias, se convierte en una medida de satisfacción, parte de la reparación integral a la que tienen derecho las víctimas del conflicto armado.
“Los más cercanos al desaparecido siempre quieren saber qué sucedió con su ser querido. Por eso, el acompañamiento psicosocial en esas ceremonias donde, en cierta medida, pueden empezar a tramitar el duelo es indispensable”, afirmó Gaviria.
Así ha ocurrido con las entregas realizadas tras el anuncio de la Mesa de Conversaciones en La Habana sobre búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, como las que han tenido lugar en Villavicencio.
Reparación colectiva a Asfaddes
Con los años, las voces de los familiares de las víctimas de desaparición forzada han adquirido cada vez mayor relevancia en el espacio público, convirtiéndose en protagonistas de la reivindicación por los derechos a la verdad y la memoria.
El año pasado, la Unidad para las Víctimas reconoció el trabajo en favor de los derechos humanos que, por más de 34 años, ha liderado la Asociación de Familiares y Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).
En un acto en Bogotá, se les notificó formalmente su inclusión en el Registro Único de Víctimas como sujeto de reparación colectiva, por los daños sufridos por su actividad en el marco del conflicto armado interno.
Para 2016, se prevé avanzar en las distintas fases del proceso, de manera que se formule un plan integral de reparación que permita fortalecer a la asociación también en el territorio.
El pasado 9 de abril (Día de la memoria y solidaridad con las víctimas), Asfaddes fue uno de los colectivos con incidencia nacional que participó en el Encuentro Nacional de Movimientos Sociales en Reparación Colectiva, junto con el Presidente Juan Manuel Santos.
Para Gloria Luz Gómez, “asumir la búsqueda, la persecución y las amenazas valió la pena, porque hoy ya se reconoce que existe la desaparición forzada. En los ochenta y noventa lo negaron. También hemos contribuido en la construcción de muchas herramientas jurídicas sin ser abogadas, sin haber ido a la universidad”.