El ente de control realizó inspecciones sorpresa por quejas masivas sobre fallas en el servicio, escasez de medicamentos y problemas legales.
En respuesta al aumento de reclamos y acciones judiciales por parte de usuarios, la Procuraduría General de la Nación inspeccionó este lunes y martes las sedes de las EPS Sanitas y Famisanar en Bogotá. Las visitas no anunciadas fueron lideradas por la Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, con el respaldo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.
El propósito fue recoger evidencia que permita identificar los cuellos de botella en la atención médica y el suministro de medicamentos, dos de las fallas más reiteradas en las quejas ciudadanas. También se busca verificar las condiciones operativas y financieras de ambas entidades, señaladas por demoras, incumplimientos y colapso en sus redes de atención.
En el ámbito jurídico, se exigió un informe completo sobre las acciones de tutela interpuestas, los incidentes de desacato y los procesos judiciales vigentes que enfrentan estas EPS. Así mismo, se solicitó documentación detallada de cada demanda en curso.
Desde el enfoque financiero, la Procuraduría pidió claridad sobre el estado de cartera con clínicas y hospitales, así como la suficiencia patrimonial para garantizar la continuidad del servicio a los afiliados. La situación podría anticipar decisiones de fondo si se comprueba una vulneración sistemática al derecho a la salud.
La intervención ocurre en un contexto de creciente inconformidad social, donde miles de usuarios han acudido a los estrados judiciales para exigir tratamientos, medicamentos y atención oportuna. Sanitas y Famisanar, entre las EPS con mayor número de afiliados en el país, enfrentan así una evaluación crítica de su capacidad real para operar.
Se espera que con la información recopilada, la Procuraduría determine si existen méritos para iniciar investigaciones disciplinarias o remitir los hallazgos a otras entidades de control.
Tomado de Caracol Radio