Polémica por declaración de Saade sobre prensa colombiana
El jefe de despacho de Petro quedó expuesto en X tras insinuar que debía controlarse a la prensa “arrodillada”, desatando un aluvión de críticas.
Alfredo Saade, jefe de despacho de la Casa de Nariño y uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, generó una fuerte controversia en redes sociales luego de publicar un mensaje en X (antes Twitter) que insinuaba la necesidad de “controlar el periodismo arrodillado”. La publicación fue señalada como atentatoria contra la libertad de prensa, y rápidamente recibió correcciones por parte de la herramienta “Notas de la comunidad” de la misma red social.
En respuesta, la comunidad de X agregó un contexto aclarando que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 20, garantiza la libertad de expresión y prohíbe expresamente la censura. Esto dejó en evidencia que las declaraciones de Saade no solo resultaban inapropiadas, sino también incompatibles con el marco constitucional vigente.
El comentario generó una avalancha de críticas por parte de periodistas, líderes de opinión y usuarios, quienes recordaron que Colombia ha sido históricamente un país con altos niveles de violencia contra la prensa: más de 500 agresiones anuales y alrededor de 97 periodistas asesinados desde los años 90. Muchos usuarios señalaron que declaraciones como la de Saade solo fomentan el hostigamiento y la estigmatización del periodismo crítico.
Entre los mensajes más contundentes se destacaron aquellos que acusaban al funcionario de estar imitando modelos autoritarios, y de querer importar prácticas represivas similares a las vistas en Venezuela. Otros lo señalaron como indigno del cargo que ostenta, y solicitaron a la Procuraduría y a la Fiscalía que abran investigaciones por posible extralimitación de funciones.
Varios usuarios también recordaron que el Decreto 1784 de 2019, que regula las funciones del jefe de despacho presidencial, no contempla competencias para pronunciarse ni intervenir en el ejercicio periodístico. Las críticas apuntan a que sus declaraciones comprometen el respeto por el Estado de derecho y la institucionalidad.
Tomado de Semana