La ley 133 de baldíos en Colombia es ¿Un proyecto de ley o una contrarreforma?

El proyecto de Ley 133 de baldíos en Colombia que fue erradicado en la Cámara de Representantes por el Ministerio del Interior, puso sobre la mesa la polémica sobre la propiedad de la tierra. El senador Iván Cepeda indicó que esta era una política que va en contra a los propósitos de los acuerdos en La Habana que contemplan una reforma agraria integral, y a las demandas del movimiento campesino, que exige democratizar la propiedad y modificar la actual concentración de la tierra.

Ante el proyecto de Ley, muestran preocupación más de 100 organizaciones, quienes afirman que este proyecto solo les garantiza grandes extensiones de tierra a los empresarios. Entre los opositores están, La comisión Colombiana de Juristas, Dignidad agropecuaria, La Organización Internacional Oxfam y Planeta Paz.

La directora de Oxfam en Colombia, Aida pesquera,  asevera que lo que busca el proyecto de ley 133 es remediar la compra ilegal de tierras baldías, “lo que permite es que las empresas como Cargill que acumularon tierras baldías de manera ilegal, violando la ley 160 lo puedan hacer, aplica para todos los baldíos de la nación y para todas las zonas de interés de desarrollo rural empresarial que se definan en el país”.

Por otra parte, la consultora de temas agrarios, Jhenifer Mojica quien fue subgerente de tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), afirma que este proyecto perturba el acceso de la población campesina, indígena y afro a sus territorios, puesto que  según ella, la ley garantizaría la concentración de grandes extensiones de tierras en pocas manos.

Con la vocería de Aida Pesquera, las organizaciones quieren que el congreso detenga la aprobación de dicha ley “porque es altamente lesivo para los intereses de las organizaciones campesinas, afros e indígenas” certifica Pesquera, quien además realizó un llamado al Gobierno Nacional para que se sentara a conversar sobre un  proyecto de ley alternativo que vincule y sea incluyente para la población rural.

Dice al respecto el legislador que, “el Gobierno, busca impulsar una verdadera expropiación en contra de lo que queda del campesinado en la Altillanura y en otras zonas del país, e impulsar la contrarreforma agraria más agresiva que hayamos conocido, después del proceso de despojo a sangre y fuego que vivimos en las últimas décadas a favor de grandes empresarios”.

Afirmó el Senador Iván Cepeda que apenas se  cante una zona del país bajo esta figura, “los campesinos que tengan la propiedad de algún predio que debido al abandono estatal no hayan podido poner a producir, y no quieran asociarse con ningún gran empresario (bajo condiciones de subordinación) perderán su tierra, pues deberán aceptar la compra directa por el valor catastral del bien muy por debajo del valor comercial que le planteará el Incoder. De lo contrario serán expropiados”.

“El Gobierno tiene una interpretación ambigua del derecho a la propiedad. Cuando se trata de grandes empresarios los reconoce y defiende, pero cuando es la propiedad campesina, despliega todos los mecanismos necesarios para eliminarla, y someter a nuevas formas de esclavitud al campesinado”, señala Cepeda.